Los menores asilados son ya 1.227: «Unos vienen de guerras, pero otros huyen por ser LGTBI»
La primera cifra del número de refugiados que dio Canarias al Supremo fue 1.080. «Se están destapando otro tipo de persecuciones», dice Candelaria Delgado
El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 29 de mayo la vista pública con el Estado y Canarias para que el Gobierno central explique qué actuaciones ha llevado a cabo para integrar a los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo a su Sistema de Protección Internacional. En marzo, cuando el Alto Tribunal emitió su auto de medida cautelar positiva, eran 1.080 niños, niñas y adolescentes los que habían solicitado o estaban en trámites de ser refugiados. Esta semana son 1.227, el 21,9 % del total de menores migrantes solos tutelados por Canarias.
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«A medida que los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo cierta confianza, se van abriendo y contando su historia», explica la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. «Tenemos a muchos menores solicitantes de asilo que vienen de países en guerra. Esos está muy claro que pueden solicitar asilo. Pero ahora se están destapando también otras casuísticas: aquellos que tienen persecuciones de otro tipo, por ejemplo, porque son personas LGTBI, o niñas que han pasado por una serie de cosas», admite la consejera.
EL DATO
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21,9% Es el porcentaje de menores migrantes no acompañados tutelados por Canarias que ha solicitado asilo político. 1.227 niños, niñas y adolescentes de los 5.600 que están acogidos en los recursos de acogida de las islas. De marzo a mayo un 13,6% más.
Es por ello, añade Delgado, que «ha costado mucho que tengan confianza» para contarlo. Porque a cada menor que puede ser susceptible de ser refugiado se le informa en los centros de su derecho, «pero tienen que ser ellos los que lo soliciten».
Además, añade la consejera en declaraciones a este periódico, «muchos de ellos tienen temores de solicitarlo porque piensan que van a ser devueltos a su país. Por eso, a medida que los vas informando y que también otros compañeros les expliquen que van a tener unos derechos, van saliendo estas otras problemáticas», advierte.
La consejera afeó la actitud del Gobierno de España porque, a su juicio, no ha cumplido con el auto del Supremo. «No podemos exigir al resto de las comunidades un compromiso con Canarias, un compromiso efectivo con Canarias para el traslado de los menores migrantes, si el Estado no cumple tampoco su parte, y el Estado no está cumpliendo. No está cumpliendo con lo dictado por el Tribunal Supremo y, de hecho, el tirón de orejas que ha dado el Supremo al Estado español es muy importante», señala.
Y es que el 26 de marzo el Supremo ordenó al Estado hacerse cargo de los menores migrantes no acompañados asilados y, de momento, siguen en las mismas condiciones en Canarias. Es más, Delgado reconoció que el Ministerio de Migraciones ni siquiera les había pedido permiso para entrevistar a los menores, como es preceptivo.
Canarias ha cumplido su parte
Y si el Estado no cumple, abunda Delgado, parece contradictorio pedirle a las comunidades que acepten la distribución de menores de Canarias, que tutela a 5.600 extranjeros solos, tal y como permite la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería tras la convalidación en abril del real decreto ley. «El Supremo le está exigiendo al Gobierno concreción, pues contestó de manera vaga. Nosotros hemos colaborado con el Estado en todo lo que se nos ha pedido. Hemos mandado los listados de los niños. Tenemos la documentación preparada por si tienen que ser trasladados y está en Extranjería porque ya se ha formalizado la solicitud de asilo, con lo cual toda esa documentación ya está en poder del Estado. Lo que no nos puede decir el Estado es que no tiene medios», lamenta.
ACNUR estima que la mitad de los chicos puede tener necesidad de protección
La delegación española del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó el pasado año en Canarias 574 entrevistas a menores migrantes no acompañados acogidos en 36 centros de las islas. Según su informe, «al menos el 50 % de estos niños, niñas y adolescentes» podrían encontrarse en necesidad de protección internacional, esto es, ser asilados.
De ser así, en la actualidad 2.800 menores, la mitad de los 5.600 que en estos momentos tutela el archipiélago, podrían ser refugiados, por lo que la cifra que maneja ahora la Consejería de Bienestar Social, 1.227, podría duplicarse.
ACNUR en ese momento también advirtió que casi el 69 % de los 500 niños y las 74 niñas entrevistados no había recibido «ninguna información sobre el derecho a pedir asilo y sobre el procedimiento de protección internacional en España», mientras que el resto indicó que sí la había recibido, pero el 15 % de ellos explicó que no la había entendido.
Para ACNUR, esta baja detección de menores con necesidad de protección se explicaba «en términos estructurales por déficit de capacitación de los profesionales que trabajan en este ámbito específico, lo que en la práctica se ha traducido en dificultades –por carencia de personal adecuadamente formado– para evaluar el trauma infantil en contextos migratorios y para valorar el daño sufrido y el riesgo de retorno al país de origen de estos niños y niñas», recuerda el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe presentado este viernes sobre menores migrantes en España.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, también habla de las dificultades para que estos chicos y chicas narren sus historias, porque no solo huyen de conflictos armados.
A mediados del pasado año, y tras la visita de Gabilondo a varios centros de menores de las islas, recomendó que se adoptaran «medidas de mejora en la identificación de los menores con necesidades de protección internacional, incluyendo a tal efecto un protocolo de colaboración con las autoridades del Ministerio del Interior que facilite la formalización de las solicitudes por parte de estos menores, así como la derivación a recursos de acogida adecuados a sus necesidades».
Ángel Gabilondo elogiaba el funcionamiento de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (Creade) que se pusieron en marcha en España para acoger a las miles de personas que llegaron de Ucrania tras estallar la guerra con Rusia. Estos centros, además, se coordinaban con las comunidades para las derivaciones. Y pidió que se utilizaran también con los menores migrantes solos.