El Supremo llama al Estado a explicar su inacción con los 1.080 menores asilados
29 de mayo ·
El Alto Tribunal convoca una vista pública a la que también irá Canarias para que se le detallen qué ha hecho el Gobierno ante la falta de recursos que alegaL.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 13 de mayo 2025, 13:14
El Tribunal Supremo (TS) convocó este martes una vista pública para el próximo 29 de mayo en la que llama al Estado a que explique las medidas adoptadas para incluir en su Sistema de Acogida Nacional a los 1.080 menores migrantes no acompañados tutelados por Canarias y que han pedido asilo político o están en trámites para ser reconocidos como refugiados.
Cabe recordar que el pasado 25 de marzo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS acordó como medida cautelar positiva requerir al Estado para que en el «plazo improrrogable de 10 días» garantizara el acceso y permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional, para lo cual pedía también la colaboración del Gobierno de Canarias. El Alto Tribunal entendió que el Estado no había puesto a disposición de estos 1.080 menores el sistema de acogida pese a que «tienen pleno derecho» y que resulta «imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento» en la que están en los centros de las islas.
Sin recursos para la acogida
Desde entonces, el millar de niños, niñas y adolescentes extranjeros solos que tutela el archipiélago sigue en el mismo punto, formando parte de los 5.600 tutelados migrantes no acompañados de los que se hace cargo el Gobierno regional, que fue quien solicitó al Supremo que requiriera al Estado a actuar.
El Gobierno central, sin embargo, dijo que no tenía recursos propios disponibles para hacerse cargo de esos menores y espera que entren dentro de la distribución solidaria que permite el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que se convalidó en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de abril.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, sin embargo, había advertido ya que tras recabar la información convocaría una vista pública para verificar el cumplimiento de la medida cautelar adoptada, y así ha sido. La cita será el 29 de mayo y el fin, explica el TS, es que la Administración del Estado le informe.
En una providencia, la Sección Quinta de la Sala indica que, dado que la respuesta recibida de la Administración demandada, esto es, el Estado, «parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos» al requerimiento acordado en el auto de 25 de marzo, procede convocar a las partes, a la Administración del Estado y a la comunidad de Canarias, esta última como demandante, a la citada vista pública, explica el Supremo.
En esta vista el Supremo espera que la Administración del Estado le informe en concreto sobre varios aspectos que cita en su providencia.
A qué debe responder
En primer lugar, espera una «relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación». Al menos hasta este lunes, nada de ello se había hecho, dado que Canarias también espera por el protocolo a seguir para los menores migrantes no acompañados que se van a trasladar de Canarias y que van a ser tratados «caso a caso».
En segundo lugar, dice el Supremo, «en el caso de los menores ya evaluados individualmente, la relación detallada deberá incluir la indicación del recurso de acogida de dicho sistema asignado a cada uno de ellos, así como la relación detallada de los que estén pendientes de asignación del recurso de acogida».
Además, el Alto Tribunal advierte de que, si el Estado no tiene recursos suficientes para el ejercicio de esta competencia estatal, deberá detallar «las iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas y plazo para obtención de dichos recursos». El Supremo se refiere así a la posibilidad tanto de contar con recursos de gestión directa por el Estado o indirecta, así como de los recursos gestionados en colaboración con administraciones locales.
La Sala también espera recibir información a propósito de las «unidades administrativas responsables de la realización de estas actuaciones», así como de los «concretos acuerdos o protocolos concertados con Canarias y calendario detallado establecido para su ejecución».
