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Madrid
El Gobierno del PSOE ha solicitado nuevos informes a los servicios jurídicos del Estado para analizar si existe alguna posibilidad legal que permita aplicar con carácter inmediato el descuento del 75% para viajar a la península, como alternativa a la tramitación de un real decreto que podría demorarse al menos seis meses.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que el miércoles anunció la imposibilidad de que la subvención entre en vigor al mismo tiempo que los Presupuestos -la redacción de la enmienda pactada por NC y PP exige una autorización expresa del Gobierno-, se ha puesto en contacto con el presidente canario, Fernando Clavijo, y con la presidenta del Ejecutivo de Baleares, Francina Armengol, para explicarles la situación y ha emplazado a ambos a mantener una reunión conjunta la semana que viene.
«El ministro se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para agilizar al máximo la aplicación del descuento, porque el Gobierno es el primer interesado en que se apruebe», señala el diputado socialista por Las Palmas Sebastián Franquis, «se está buscando una salida jurídica que no retrase la entrada en vigor, pero hay que estudiarlo a ver si cabe alguna interpretación de la ley», añade.
En principio los equipos jurídicos de Fomento entienden que solo cabe la aprobación por la vía de real decreto, porque una vez que los Presupuestos «autorizan al Gobierno» -frase que ha ocasionado el enredo-, es obligatorio ajustarse a la vía reglamentaria que quedó establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2013.
La única alternativa que permitiría la aplicación inmediata del 75% sería la aprobación de un decreto ley -de mayor rango que el real decreto-, porque esta figura sí posibilita la entrada en vigor desde que lo apruebe el Consejo de Ministros, con un periodo posterior de treinta días para su convalidación en el Congreso. Pero Fomento no tiene claro que este tipo de norma sea aplicable en el caso concreto de la bonificación a residentes.
La diputada de CC, Ana Oramas, considera sin embargo que no existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno recurra a la vía del decreto ley. «Solo hay dos casos en los que no cabe el decreto ley, que son las leyes orgánicas y los Presupuestos del Estado», asegura, «si hubiera voluntad política, el Consejo de Ministros podría aprobar el descuento por esa vía para entre en vigor el 1 de julio», asegura.
En su intervención en el pleno que aprobó las cuentas estatales de 2018, la parlamentaria nacionalista instó al Gobierno a no convertir los Presupuestos en «papel mojado» a partir de ahora poner fecha a lo largo del mes de julio a la firma de los convenios pendientes en materia de carreteras, obras hidráulicas y PIEC para que se puedan ejecutar las partidas previstas con la máxima celeridad. «Confío en que el Ejecutivo de Sánchez actúe con celeridad y cumpla, porque el comienzo no ha sido nada bueno», expuso en relación al retraso del 75%.
En la misma línea se expresó el diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, para quien «no tiene sentido» que el Gobierno mantenga que el descuento no se puede aplicar de inmediato. «No hay que esperar seis meses para algo que ha sido pactado y está aprobado en los Presupuestos», señala, «si no se resuelve es básicamente porque no se quiere, porque si lo aprobaran en el primer Consejo de Ministros, el lunes los canarios ya podríamos tener derecho a comprar los billetes con la bonificación del 75%», añade. Quevedo recuerda que el decreto ley para sustituir a la dirección de RTVE «lo sacaron en tres días y no pusieron tanto problema».
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