Entrevista a Santiago Rull

«El concurso del aire propanado no ha sido transparente»

30/01/2018

El consejero delegado de Disa renovables asegura que el decreto 345 y que regula las concesiones del gas es «pernicioso» y vulnera la ley estatal. Respecto al concurso, afirma que hay algo extraño.

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— ¿Por qué ha recurrido Disa el decreto del Gobierno de Canarias y los concursos para el aire propanado?

—Hemos recurrido porque entendemos que el decreto vulnera la legislación estatal. Por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos establece que gana el concurso el que menos costes represente para el sistema porque el aire propanado está subvencionado y sin embargo, el decreto canario, el 345, fija como criterio preferente la mayor extensión de red. Y así la propuesta de Redexis tiene montón de kilómetros. 970 en Las Palmas de Gran Canaria, que es como ir 20 veces de la capital a San Bartolomé; 440 kilómetros en La Laguna y 670 en Santa Cruz de Tenerife. Es un decreto pernicioso.

—¿Cuántos kilómetros de red recogían las propuestas de Disa y Gasificadora Regional (ambas del grupo Disa?

—En torno a 15-25 kilómetros por municipio. Nosotros, que tenemos en Adeje la única planta de producción y distribución de aire propanado de Canarias, no creemos que este sea un proyecto para el cliente doméstico. De hecho, en el sur de Tenerife está disponible y no tenemos demanda. No hay ni un solo cliente doméstico. Creemos que proyectar una gran red cuando no va a haber demanda, es un sinsentido. Nosotros, desde luego, solo vemos el aire propanado para uso industrial y de ahí que nuestros proyectos estén localizados en zonas de demanda.

— El Cabildo de Gran Canaria habla de que el aire propanado está subvencionado pero la inversión de Redexis, los 480 millones, es privada...

— El aire propanado es un producto que está subvencionado. Hasta que entre el gas natural tiene subvención por parte del Estado. Y por cierto, tiene las mismas que si estuviéramos en la península, sin tener en cuenta el sobrecoste de ser una RUP. El Estado fija el precio y subvenciona cada conexión y kilovatio hora que se suministre de aire propanado. Así, los 970 kilómetros de Las Palmas lleva implícita una subvención nacional.

— ¿Cuántos recursos han puesto?

— Uno por Disa y otro por Regasificadora contra el decreto 345 y luego, cada una de ellas presentó contra todos los concursos de los municipios, incluido San Bartolomé de Tirajana, que fue el primero que salió y que ganó Gas Natural y con 120 kilómetros de red. En nuestra opinión son muchos kilómetros también. Si en Adeje costó instalar doce kilómetros un año por las complicaciones, permisos, autorizaciones y demás para levantar las calles, creemos que es imposible desarrollar los 970 de la capital grancanaria. ¿Y por qué recurrimos San Bartolomé? porque, por ejemplo, el día de las aperturas de los sobres de las ofertas nuestros sobres estaban abiertos. Es surrealista. No hay transparencia adecuada en el proceso. Tiene algo de tufillo y por eso, hemos recurrido.

— El decreto 345 y que regula las concesiones del aire propanado ¿se hizo para favorecer a unas empresas frente a otras?

— Esa es otra. Antes del decreto 345 no había concurso. Las empresas interesadas solicitaban autorización administrativa, como en Adeje, y si cumplías te la daban. Pero llega un momento en el que el Gobierno opta por un decreto. Entonces decide valorar todas esas propuestas presentadas con anterioridad en base a los criterios del nuevo decreto en lugar de aplicar la legalidad que había vigente primero. Esa retroactividad es saltarse la ley.

— ¿Ven en todo una maniobra para dejarles fuera del gas?

— Lo que vemos es que el decreto es pernicioso y que la apertura de nuestros sobres en el concurso fue un tanto atípica, por eso hemos recurrido a la Justicia para que alguien de forma objetiva vea todo esto y dictamine. Nosotros vamos a esperar a que se manifieste el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en vista de lo que digan, actuaremos.

— ¿Logrará el Cabildo parar el aire propanado en las islas?

— No entramos a valorar. Lo que haga el Cabildo o los ayuntamientos es cosa de ellos.