El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pide al juez que desaloje al okupa de Fuente Morales
El Consistorio lleva ya casi cinco años tratando de recuperar una propiedad que es suya y que está en el barranco del Guiniguada
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado a la autoridad judicial el permiso necesario para que se practique el desalojo forzoso de la persona que ocupa y hace uso del aula de la naturaleza de Fuente Morales, una instalación pública que el Consistorio capitalino está tratando de recuperar desde hace ya casi cinco años.
«La administración ha hecho todo lo que puede hacer y es intentar recuperar ese inmueble», explicó el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, «cuando nos encontramos el último obstáculo, nos hemos dirigido al juez para que autorice a desalojarlo, ahora toca esperar a que se dicte una resolución y autorice el lanzamiento».
El edil abordó la situación del aula de la naturaleza de Fuente Morales a preguntas del grupo municipal de Vox, que preguntó por el estado en que se encuentra el expediente de recuperación del inmueble.
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Esta instalación, ubicada en pleno corazón del barranco del Guiniguada, estuvo funcionando como aula de la naturaleza hasta el año 2013. Su abandono trajo consigo algunas problemas como robo de materiales, daños a las instalaciones y ocupación del inmueble.
Un año más tarde, en 2014, cuando se cumplían diez años desde el inicio de su construcción gracias a una inversión de un millón de euros, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) trató de recuperar el inmueble para uso público con un proyecto que planteaba habilitar un espacio didáctico, recreativo y ambiental.
Se estuvo trabajando en él cuatro años, hasta que quedó apartado de manera definitiva.
En todo ese periodo, el aula de la naturaleza fue utilizada por diferentes personas, bien como vivienda, bien como establo, hasta que en el año 2019, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se pone a la labor de recuperar ese espacio, que seguía siendo público.
Tras varios intentos de desocupación, el Ayuntamiento se encontró en junio de este año con un nuevo okupa, al que se le dio la orden de abandono del inmueble. En julio se dicta resolución de desalojo, pero no se lleva a efecto. Por eso, al final se ha optado por recurrir a la autoridad judicial para conseguir que el desahucio se pueda realizar de manera efectiva.
