Un nuevo okupa retrasa la obtención de Fuente Morales

Justo cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iba a recuperar el dominio del aula de la naturaleza de Fuente Morales, tras cuatro años y medio de procedimiento, la identificación de un nuevo ocupante vuelve a retrasar la obtención del inmueble, que lleva en una situación de abandono desde el año 2013.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había iniciado en 2019 la recuperación de este edificio, ubicado en el corazón del barranco del Guiniguada y construido en 2004 como un enclave de formación medioambiental -con zona de pernoctación para senderistas- y como un punto de divulgación de la historia hídrica de la ciudad.

Desde 2013, cuando se dejó de utilizar, el edificio fue objeto de varios robos -se llevaron todo el cableado de cobre y buena parte de su mobiliario-, así como de diferentes episodios de ocupación.

Los primeros moradores del aula de la naturaleza fueron dos ciudadanos europeos, quienes estuvieron varios años viviendo allí. Luego tras un periodo de abandono, el edificio volvió a ser utilizado por otras personas, que llegaron a protagonizar un enfrentamiento con armas blancas, lo que obligó a la Policía Local a intervenir.

Estamos ya en 2020. Por el camino se quedó una propuesta de recuperación del equipamiento existente con un vallado exterior, al estilo de los que existen en los parques de Las Palmas de Gran Canaria. Esta propuesta, que fue ideada por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística en 2014 no se materializó nunca, pese a que no solo resucitaba el área recreativo-ambiental, incluyendo una cafetería y una tienda, sino que además planteaba un nuevo espacio didáctico.

En 2022, el área de Sostenibilidad solicitaba a Patrimonio que iniciara el desalojo del edificio «ya que las instalaciones seguían en el mismo estado de ocupación, y era evidente el avance del deterioro y acúmulo de basura».

Varios meses después de la petición de Sostenibilidad, la Policía Local da fe de que el edificio está siendo utilizado por un vecino de La Paterna para criar animales, especialmente gallos de pelea, aunque también tuvo cabras, conejos, cobayas, perros o gatos.

Posteriores inspecciones policiales permiten descubrir también que existen «desechos y vehículos abandonados» en el entorno del aula de la naturaleza.

El informe policial encargado por el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entra en el registro municipal en febrero de 2024. Los agentes certificaron que el vecino de La Paterna, junto a una mujer, seguían utilizando el edificio como corral y lugar de almacenamiento de diversos enseres.

La Policía Local notificó a estas dos personas el requerimiento realizado por el servicio de Patrimonio para que desalojaran, de manera voluntaria y «por ocupación indebida», la propiedad municipal. «De no proceder al desalojo voluntario en el plazo señalado (diez días) se incoarán de oficio cualquiera de las prerrogativas que corresponden a esta Corporación para la recuperación del espacio ocupado indebidamente, y podrán derivarse al usurpador los gastos correspondientes a la tramitación del procedimiento de recuperación, cuyo importe, junto con el de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio», dictaba la resolución.

En abril de 2024 se inicia el proceso de recuperación, pero cuando la Policía se presenta para informar de ello a los ocupantes, se encuentra con que hay un nuevo ocupante, posible familiar del primero y también residente en La Paterna, usando el aula como trastero y gallinero. Así consta en el informe trasladado por los agentes el pasado 24 de mayo, en el que se constata que «sigue existiendo varios vehículos abandonados, un gallinero con gallinas y un perro».

En ese mismo acto se le informó a este nuevo ocupante de que debía abandonar el inmueble municipal, llevándose los animales y todos los enseres.

La identificación de esta nueva persona obliga a incorporarla como interesada en el procedimiento de recuperación posesoria del aula de la naturaleza de Fuente Morales. Para ello, el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, emitió una nueva resolución, el 28 de mayo, en la que insiste en el desalojo y da diez días al nuevo ocupante para que formule alegaciones.

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