Una persona pasa por delante del edificio que ha generado tantas molestias a los vecinos de Doctor Miguel Rosas. / Arcadio Suárez

El Ayuntamiento dice que solo podía actuar en Miguel Rosas si el edificio hubiera estado en ruinas

El PP, sin embargo, exigió el precinto inmediato y aseguró que se puede hacer en base a los informes de Bomberos sobre el edificio

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Pese a que tanto los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) como los de la Policía Local llevan advirtiendo desde el año 2020 del riesgo que representa para los ocupantes y resto de ciudadanos el estado y el uso del viejo edificio de la comisaría de la calle Doctor Miguel Rosas, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se explicaba este martes que al tratarse de una propiedad privada no se podía intervenir salvo que lo dictase el juez o que se hubiera firmado una declaración de ruina.

La primera vía está activa, ya que se está pendiente de que el juzgado ordene el lanzamiento. La propiedad del inmueble, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o banco malo, denunció la ocupación del edificio y comunicó al Ayuntamiento que no podía remozarlo porque estaba ocupado y no se podía garantizar la seguridad de los trabajadores.

En cuanto a la declaración de ruina, desde el Consistorio se explica que no se daban las condiciones para ello. De hecho, los técnicos municipales expusieron en un informe de abril de 2020 que la comisaría requería del saneado de los revestimientos y volados de la fachada, la mimetización del cableado y la revisión de la impermeabilización de la cubierta y del sistema de evacuación de las aguas pluviales. El propio Consistorio calculó que el coste de la reparación alcanzaría un montante de 5.090,71 euros.

«Si no hay declaración de ruina no se puede intervenir en el interior de una propiedad privada», explicaron las fuentes consultadas por este periódico.

Interior del inmueble denunciado. / C7

Sin embargo, esta opinión no es compartida por el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, quien este martes solicitó el precinto inmediato del edificio ante «los graves problemas de convivencia y seguridad que genera, al estar ocupada ilegalmente desde 2016 por personas que se ven envueltas en riñas, venta de drogas, gritos y robos, entre otras conductas delictivas».

Sabroso entiende que «desde noviembre de 2020, el PSOE debió precintar el inmueble, tal y como bomberos y policía local solicitaron por escrito».

En su opinión, ante un riesgo para la ciudadanía, los servicios municipales podrían haber actuado sin necesidad de esperar la decisión del juzgado. «Si existe un peligro cierto, se puede entrar con la Policía», expuso.

El informe del SEIS determinaba que el estado del edificio era un riesgo para sus ocupantes y que, por la acumulación de basuras, representaban también un peligro potencial de expansión de un posible incendio.

Ausencia de gestión, según el PP

«La dejadez absoluta del alcalde y sus concejales lleva poniendo en peligro a centenares de personas todo este tiempo», alegó el edil del PP a través de una nota de prensa. Sabroso enfatizó que el inmueble que colinda con esa comisaría abandonada -en riesgo de incendiarse por la acumulación de basuras- es un centro de servicios sociales que alberga a personas sin hogar y población de necesidades especiales.

«Además hay edificios residenciales que están justo en frente y en toda la calle Doctor Miguel Rosas», prosigue el edil, quien lamenta que tras seis años con denuncias vecinales permanentes «el PSOE ha sido incapaz de hacer nada con este problema».

«Pero es que ahora sabemos que desde noviembre de 2020 han tenido en sus manos el instrumento legal para actuar con el precinto y tapiado del inmueble, para garantizar la seguridad personal de muchos ciudadanos. Los primeros, los que entran de forma habitual en ese inmueble», concluyó el portavoz del PP.

La formación conservadora insiste en que el gobierno tripartito lleva más de un año con informes por escrito encima de su mesa, en los que se alerta del grave riesgo de seguridad para las personas que puedan entrar en el inmueble, los residentes de los edificios colindantes y para los efectivos de seguridad que tuviesen que asistir una emergencia en ese lugar.

Por su parte, el concejal no adscrito del Ayuntamiento, José Antonio Guerra, también reaccionó al problema que están viviendo los vecinos de Doctor Miguel Rosas y reclamó «un tratamiento prioritario» a la situación de inseguridad que se vive en esta parte de Santa Catalina.

Tras una reunión con el jefe superior de Policía de Canarias, el edil aseguró que «es el Ayuntamiento el que debe actuar ya, y sin excusas, ante la delicada situación de altercados, ruidos y violencia que se vive desde hace cinco años». Considera «inaceptable que los okupas sigan amenazando a los viandantes, y menos en una zona turística».

José Antonio Guerra recordó que el Pleno municipal aprobó en su momento una moción que obligaba al «desalojo y tapiado del inmueble».

El concejal no adscrito insistió en que el padecimiento de estos vecinos debe ser solucionado por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez. «Son cinco años de amenazas y peleas», expuso, «es un tiempo más que suficiente para cualquier persona y me consta que así se lo han hecho saber al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria».

José Antonio Guerra propone también que se active la unidad de convivencia y mediación de la Policía Local para este tipo de problemáticas.

Interior de la vieja comisaría. / Arcario Suárez

Aquel parte de anomalías emitido a las 18.55 horas del 10 de febrero de 2016

Los vecinos estaban hartos de los problemas que se estaban generando en torno a la comisaría que el Cuerpo Nacional de Policía había abandonado.

Fruto de su desesperación, el 10 de febrero de 2016 se solicita la presencia de la Policía Local. Se inicia así un expediente que ha ido caminando en las vías administrativa y judicial. Y que, seis años más tarde, aún no ha sido resuelto a satisfacción de los residentes de la calle Doctor Miguel Rosas.

Los vecinos que pusieron aquella primera denuncia advirtieron de que los primeros okupas del edificio habían metido en su interior varios colchones. Sobre ellos se levantó su pesadilla.