Los bomberos alertaron del riesgo de la antigua comisaría de la calle Doctor Miguel Rosas en 2020

En aquella ocasión solo hubo que tratar a una persona por quemadura leve en los dedos de una mano y que desalojar a ocho más. Pero la peligrosidad que detectaron los agentes fue corroborada por el arquitecto del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), en un escrito fechado el 20 de noviembre de 2020. «Se encuentra deteriorada y en condiciones deficientes para su uso, sin condiciones de seguridad, salubridad y ornato, tanto por las lesiones que presenta como por la acumulación de basura en su interior», detalla el escrito, «considerando que existe grave peligro para las personas que puedan acceder al interior, como medida preventiva y provisional, se estima necesario que el inmueble no sea ocupado, recomendando que se cierren todos sus posibles accesos y se precinte». Y recuerda a los servicios municipales competentes la necesidad de valorar estos hechos y adoptar «las medidas oportunas para evitar un incidente ante la situación de peligro».

Y apunta el riesgo que existe de que un incendio que se origine en su interior acabe propagándose a otros inmuebles de la zona.

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En aquellos momentos, y justo tras el incendio, también la Policía Local advertía del riesgo que representa la vieja comisaría. «Se solicita una actuación municipal (...) desde el punto de vista social, buscando el realojo de quienes moran en el inmueble, así como realizar inspección por si el edificio estuviera en situación de ruina técnica, instando a su propietario al derribo del mismo o, en su defecto, al tabicado de los accesos, o la realización subsidiaria de dicha actuación por los servicios municipales correspondientes», se recogía.

«Existe constancia por esta Policía Local que el edificio es frecuentado por politoxicómanos, personas indocumentadas o sin residencia legal en España, siendo habitual la asistencia al mismo por reyertas entre sus moradores, molestias vecinales y otros servicios de seguridad ciudadana». Y se constataba la acumulación de «basuras, maderas, trastos y restos de defecaciones de animales en el patio».

Pese a estas peticiones, la respuesta municipal fue realizar un cálculo del coste de la intervención necesaria para adecentar el inmueble, que queda fijado en 5.090,71 euros; e imponer, en abril de 2021, diez multas -de las que se han girado cuatro- de 509,07 euros a la Sareb por incumplir una orden de ejecución de las obras necesarias para asegurar el edificio. Esta orden, que fue emitida en verano de 2020, daba dos meses a la Sareb para realizar los trabajos, pero la propuesta de sanción no prosperó hasta casi un año después.

En medio de este largo proceso, que ha resultado un calvario burocrático y convivencial para los residentes de Miguel Rosas, la Sareb respondió al Ayuntamiento que no pudo realizar obras en el inmueble porque sus ocupantes «no son pacíficos y no nos van a permitir realizar los trabajos». En el escrito remitido por el banco malo se advierte de que «no podemos garantizar la seguridad de los trabajadores, por lo que va a resultar imposible realizar los trabajos».

En este círculo vicioso ha seguido avanzando el deterioro del inmueble. Y todos los actores se han encomendado a la solución judicial, después de que la Sareb denunciara la ocupación del inmueble en 2016.

Fuentes de la Sareb explicaron este lunes a este periódico que no pueden más que esperar a que se dicte la orden de alzamiento por parte de la justicia. Y solo una vez que se produzca el desalojo, se realizará un análisis del estado de la vieja comisaría.

También el Ayuntamiento ha esgrimido que debe esperar a que haya una resolución judicial. Así lo explicó el alcalde, Augusto Hidalgo, el pasado lunes 14, justo el mismo día en que la Policía Local solicitara a Bomberos que retirara un cristal de grandes dimensiones con riesgo de caída inminente. En el acta policial se recuerda que se han realizado varios informes sobre la situación del edificio debido a «la alarma social» que han generado en la zona las personas que utilizan el edificio. «Se embriagan e ingieren Rivotrill -un ansiolítico- ocasionando disturbios a la vecindad en ruidos y peleas continuas con armas (piedras, palos, machetes, sirlas -navajas-, etc)».

Los vecinos demandan que la solución no se demore. «Estamos agotados, sobre todo en estos últimos tiempos», explican los afectados, que aún tienen el miedo en el cuerpo después de la «brutal pelea» de hace dos semanas.