Conrado Domínguez, director del SCS. / COBER

Domínguez negoció con Machín la compra de vacunas pese al fiasco de las mascarillas

El director del SCS dio el visto bueno para adquirir tres millones de Pfizer al intermediario que no le había cumplido con los cubrebocas 3M

FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

Las diligencias preprocesales que llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción por el caso Mascarillas y a las que ha tenido acceso este periódico, desvelan unas negociaciones vía mensajes de móvil entre el director del Servicio Canario de Salud (SCS) e investigado en este procedimiento, Conrado Domínguez y el intermediario, Samuel Machín, para la compra de tres millones de viales de vacunas Pfizer contra la Covid-19.

Todo ello, a pesar de que en ese momento la Administración estaba ya tramitando la resolución del contrato de cuatro millones de euros por las mascarillas 3M debido al « incumplimiento de la obligación de contratista RR7», señala la Fiscalía, y que, además, no respondían a los requerimientos del SCS para la devolución del dinero.

Esa negociación tuvo sus más y sus menos cuando los suministradores pidieron un documento a Domínguez directamente del Gobierno de Canarias y no del SCS, a lo que el investigado les respondió: «En el SCS mando yo, ni consejero, ni presidente y el presupuesto es propio».

Estos contactos para la importación de vacunas los mantuvieron Domínguez y el comisionista de forma paralela a la gestión fallida de las mascarillas desde el 9 de febrero de 2022, justo ocho días después de que el SCS iniciara el proceso de resolución del contrato por los cubrebocas 3M ya que la empresa adjudicataria RR7 United SL no había cumplido con su parte del acuerdo.

Según se puede leer en los mensajes que aportó Machín al fiscal Anticorrupción, la negociación con el director del SCS comenzó cuando este planteó al cargo público la posibilidad de traer vacunas de la marca Pfizer y le envió una «carta de disponibilidad» a las 21.39 horas.

Conrado Domínguez le respondió que cuál era el «precio de las mascarillas», pero el intermediario le respondió que eso lo tendría que aclarar al día siguiente con una persona de nombre Emilio Santacatalina, CEO presidente del Grupo Santacatalina, que era quien tenía acceso directo a ese material sanitario y que había contactado con los comisionistas grancanarios gracias al intermediario Lucas Cruz. Este empresario llegó a hablar incluso para realizar esta transacción con el jefe de departamento de Inspección y Control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Manuel Ibarra.

Imagen del documento enviado por Conrado Domínguez al intermediario para comprar tres millones de vacunas Pfizer. / C7

Incluso, Samuel Machín envió al director del SCS la ubicación de la casa del también investigado y administrador de RR7 United, Rayco Rubén González, para mantener una reunión presencial entre todos los intervinientes en este supuesto negocio, aunque al final, por supuestos problemas de agenda de Domínguez, ese encuentro no se produjo, según se deduce de las conversaciones por WhatsApp.

El día 10, Domínguez advirtió a Machín a las 12.04 horas que el día «se me complica» porque lo habían llamado de Presidencia del Gobierno. El comisionista le emplazó a cambiar la reunión para la tarde, aunque su interlocutor ya advirtió del riesgo de esta operación: « Lo que voy a necesitar es de dónde salen esas dosis. Es decir, a quién se las compro. Porque hay rollos de Interpol avisando de recompras falsas. Pues el contrato tiene que ser con Pfizer. [...] Necesito saber cómo las compró él, si fue directamente a Pfizer y, si es así, copia del contrato de venta», insistió el director del SCS. «La Agencia Española del Medicamento necesita saber la procedencia de las vacunas», añadió. A esto, Samuel Machín le trasladó tranquilidad porque esta gestión la harían «directamente con Emilio», es decir, con la empresa suministradora.

«En el SCS mando yo, ni consejero, ni presidente y el presupuesto es propio», dijo el gestor ante las exigencias del proveedor

El 11 de febrero, el comisionista detalló a Conrado Domínguez que el suministrador de las vacunas que iba a vender al SCS era «Pfizer-Biotech, no somos nosotros y la logística tiene que ser aprobada por el fabricante» y, además, le exigió que la LOI -el acuerdo formal en el que se establecerían los términos y condiciones del contrato- «la tienen que hacer como yo le mando para que tengan toda la seguridad de la operación». «Mándame el modelo de LOI y qué se necesita», le respondió Domínguez.

Siguieron concretando aspectos como la logística para traer las vacunas a las islas -« en un máximo de 24 horas las tendrían aquí», dijo Machín, e incluso Conrado Domínguez le pidió el teléfono del suministrador -«ya te lo envía Rayco»- y le escribió personalmente para «preguntarle una cosa que me pidió Madrid», aclaró al intermediario.

«Yo siempre le quito hierro...»

El domingo 14 de febrero, Machín le puso a Domínguez un mensaje pidiendo hablar con él y este le dijo que hablara directamente con la directora general de Recursos Económicos, la investigada Ana María Pérez, «porque sabe que yo siempre le quito hierro al asunto», dijo. Transcurrían los días y la operación de compra de vacunas no cristalizaba.

El día 17 parecía que la situación se desbloqueaba y Conrado Domínguez le dijo a Machín que, a pesar de que estaba «con la ministra», le enviada «por aquí» la LOI, «pero necesito los datos sobre la marcha». Minutos después el responsable del SCS le envió la documentación, pero al parecer y según le respondió el comisionista, el «documento no es válido».

El motivo que ofreció era que «necesitamos la LOI oficial y documentada por el Gobierno de Canarias, ten en cuenta que lo que este documento tiene son los datos de la empresa de Emilio . Necesitamos el original, firmado y sellado y con nombre de quien pide. El de ustedes... o sea, del Gobierno de Canarias».

Domínguez no entendió esa pretensión y le respondió que quien hacía el pedido de las vacunas era el Servicio Canario de Salud, un organismo autónomo del Gobierno. Pido yo como representante legal del Servicio Canario de Salud. Esa LOI -la que envió al comisionista- es oficial». Además, quiso dejar claro a Samuel Machín que «en el SCS mando yo, ni consejero, ni presidente y el presupuesto es propio. Por decírtelo claro, el presidente del Gobierno no pude comprar ni un folio con el presupuesto del SCS. Es que aunque quieran, no pueden hacerlo. Ni el consejero». Finalmente, los dos convinieron en que lo mejor sería que hablaran directamente Domínguez con el proveedor.

Minutos más tarde, a las 19.32 horas, el comisionista le preguntó al investigado si «¿te contactó ya Emilio, míster?», a lo que el gestor le respondió que «ya todo en marcha».

«Con un millón me sobra»

Como resultado de esas conversaciones, el mismo día 17 de febrero Conrado Domínguez hizo llegar a Samuel Machín una copia de la LOI o carta de intenciones para comprar tres millones de vacunas de la marca Pfizer Biotech, pero el trato seguía sin ejecutarse.

El 19 Machín le pedía con urgencia la documentación «para mantenerte las vacunas» e incluso le preguntó: «Míster, una cosa, ¿seguro que necesitas los tres millones de viales o menos? ¿Cuántas personas quedan por vacunar? ¿O los tres millones son para todas las islas? Es para asegurar que no compras de más, ¿no?», a lo que Domínguez le aclaró que «solo un millón y me sobra», a pesar de negociar una compra de tres millones de vacunas.

Finalmente, el día 4 de marzo llegaron a Gando las mascarillas 3M que resultaron ser falsas y el negocio de las vacunas Pfizer nunca se cristalizó.