Caso Mascarillas: «Hay que resolverlo rápido, la interventora dice que hay que pedir el reintegro ya»

El director general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, mantuvo un flujo constante de mensajes con los comisionistas durante los meses en los que se gestionó el contrato de cuatro millones por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales, comunicaciones que evidenciaban, según la Fiscalía Anticorrupción, no solo la complicidad existente entre ambos, sino también las prisas por encontrar un posible arreglo para evitar posteriores responsabilidades penales. «Hay que resolverlo rápido, la interventora dice que hay que pedir el reintegro ya», llegó a escribir Domínguez al comisionista después de los reiterados incumplimientos y la renovación presuntamente irregular del contrato extinguido que firmó la Administración con la empresa de automoción RR7 United SL.

Estas comunicaciones las facilitó a Anticorrupción el pasado 7 de julio Samuel Machín, que pactó junto al otro intermediario -Osvaldo Lastras, un amigo de Conrado Domínguez- una comisión de 100.000 euros con RR7 United SL por la compra de las mascarillas 3M modelo 1860.

El comisionista aportó conversaciones por WhatsApp con el propio Conrado Domínguez en las que el director del SCS le advertía sobre el avance de las investigaciones que ya estaban en marcha, tanto por la Fiscalía como por la Policía Judicial y sobre las posibles consecuencias penales ante el incumplimiento del contrato en el caso Mascarillas. También facilitó las charlas que mantuvo con la que fuera directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, en las que se exponía cómo la propia funcionaria le envió un modelo de alegaciones ya cumplimentado para seguir adelante con el contrato. Por último, aportó los chat con su amigo, el también comisionista Osvaldo Lastras, que conocía a Conrado Domínguez desde que eran adolescentes y jugaban juntos al balonmano. Según el fiscal, ese vínculo fue la clave para ejecutar el contrato fallido que dio lugar al pufo de cuatro millones del caso Mascarillas.

Tras analizar todas las pruebas aportadas, el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas llegó a la conclusión de que a Conrado Domínguez «no le interesó el fin público que el contrato perseguía», al contrario. Entiende el querellante que la «finalidad» de las gestiones que realizó el director del SCS con los intermediarios fue «particular», es decir, un mero modo de «evitar posibles responsabilidades contables por la investigación que estaba llevando a cabo la UDEF de la Policía Judicial y los requerimientos que realizaba la Audiencia de Cuentas cuando se conoció que la Aduana había retenido el cargamento de mascarillas falsas importadas a la isla por RR7 United SL».

Es relevante para el Ministerio Público el hecho de que, desde el 4 de marzo de 2021 hasta el 7 de julio, la fecha en la que el propio Conrado Domínguez dictó la resolución en la que modificaba un contrato que ya se había extinguido, mantuvo numerosas conversaciones con su interlocutor Samuel Machín. En las mismas, primero le ofrecía datos acerca de cómo sacar adelante el acuerdo fallido actuando en supuesta connivencia con Ana María Pérez, luego ofreció informaciones acerca de la investigación que estaba llevando a cabo el fiscal y, también, hablaron sobre la manera de evitar «futuras reclamaciones y responsabilidades» contables y penales.

El 4 de marzo de 2021, diez meses después del acuerdo por la vía de urgencia alcanzado entre el SCS y RR7 United para la importación de las mascarillas, Samuel Machín envió un mensaje a Conrado Domínguez anunciándole que «ya están las mascarillas aquí», a lo que el director del SCS respondió con un «biennnn». Pero esto fue el inicio de los problemas para ambos, puesto que el material que llegó desde la capital de Etiopía fue retenido por Aduanas en el aeropuerto de Gran Canaria al existir sospechas de su autenticidad. «Necesita resolución de la Consejería pero por el estado de alarma esto se puede suspender», alertó el comisionista a Domínguez. «Eso te lo hace Ana. Está volando a Tenerife, acaba de irse de aquí», le respondió el gestor público. Tras varios intentos infructuosos, el SCS envió a los importadores un documento con el que podrían retirar la mercancía del aeropuerto pero la Aduana seguía reteniéndola.

Machín pidió ayuda a Domínguez que, según le escribió, habló «con la Delegación del Gobierno, que hablaban con la delegada de la agencia», refiriéndose a la responsable de la Agencia Tributaria de las islas.

A pesar de esa supuesta gestión, las mascarillas seguían retenidas en el aeropuerto. El 21 de marzo Samuel Machín volvió a insistir a Domínguez que Ana María Pérez le había «comentado por encima lo de cambio a FFP3» para justificar ese contrato de emergencia y que les dejaran sacar la mercancía. «Hay que resolver esto rápido, la interventora nos dice que hay que pedir el reintegro -de los cuatro millones por incumplimiento- ya», apremiaba Domínguez.

De forma paralela, ya iban negociando un nuevo acuerdo al ver que el cargamento de cubrebocas 3M falsas iba a tener que destruirse. El 14 de julio el director del SCS le dijo al comisionista que Ana María Pérez le había llamado «para contarme y pedir mi aprobación. Se quedó muy contenta», en relación a la posibilidad de traer un cargamento de otra marca, pero con un incremento de 200.000 más a cuenta de RR7 United. Una cantidad que dijo era «clave para cerrar esto», respecto al acuerdo fallido.

Pero dos meses después, el 14 de septiembre, Domínguez cambió el tono de sus mensajes y mostró una gran preocupación porque nuevo el cargamento renegociado no llegaba a las islas. «La Audiencia de Cuentas manda el expediente al Tribunal de Cuentas por delitos», alertó el cargo público al comisionista. «Samuel, estamos muy preocupados y tenemos que tomar una drástica decisión si no se arreglo esto ya», repitió el 13 de octubre. «Acabo de ver un correo y nos han pedido todos los nombres de las personas que han participado en la operación de RR7. Mañana creo que van a la Guardia Civil. La cosa está fea [...] yo creo que después de Reyes los citarán», insistió el 15 de diciembre.

«A Rayco lo he llamado mil veces», dijo Conrado Domínguez a Machín, a pesar de que públicamente declaró a los medios que nunca había mantenido contactos con el administrador único de RR7 United en esta fase crítica del caso Mascarillas.

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria incoó diligencias previas contra Conrado Domínguez y Ana María Pérez por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y contra Rayco Rubén González -RR7 United SL- por estafa agravada y blanqueo de capitales.

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