Conrado Domínguez y el consejero Blas Trujillo. / C7

Pérez y Domínguez no dijeron la verdad al fiscal sobre el cambio del contrato

Los mensajes aportados por el comisionista Samuel Machín desmontan lo declarado por los investigados. Ambos consensuaron con RR7 la modificación del acuerdo

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

Según el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, los mensajes aportados por el comisionista Samuel Machín que detallan todas las conversaciones mantenidas con el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y la directora general de Recursos Económicos de este organismo, Ana María Pérez acerca del cambio de contrato fallido de las mascarillas 3M por unas Honeywell, dejan en mal lugar a los cargos públicos investigados ya que, a su juicio, «se evidencia nítidamente todo lo contrario» a lo que declararon cuando ambos fueron citados en la investigación preprocesal.

Es decir, tanto Domínguez como Pérez dijeron al fiscal que no tuvieron participación directa en la modificación del acuerdo -ya extinto-, mientras que en las conversaciones se demuestra que los dos trataron esa nueva redacción directamente con el intermediario. Es más, la propia directora general fue la que envió el documento que debía remitir RR7 al SCS para hacer efectivo el cambio a pesar del incumplimiento tras importar mascarillas falsas a la isla.

Ródenas hace referencia en el expediente al modelo de alegaciones enviado por Ana María Pérez a Samuel Machín por WhatsApp el 1 de junio de 2021 con unas «notas escritas en color rojo», que fue devuelto por el propio comisionista al SCS el 25 de ese mismo mes «utilizando el mismo modelo y formato que el que le fue adjuntado por la directora general, Ana María», detalla Anticorrupción en la documentación remitida al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.

«Se evidencia nítidamente todo lo contrario» a lo que declararon los cargos públicos, dijo el fiscal sobre las pruebas aportadas

Fundamental

Ese documento fue imprescindible para que RR7 United SL pudiera seguir adelante con el contrato en el que el SCS le pagó cuatro millones de euros por unas mascarillas de la marca 3M, a pesar de que el cargamento que llegó a la isla resultó ser falso. Por eso, llegaron a un acuerdo privado vía WhatsApp tanto Domínguez como Pérez con el intermediario Machín en el que el adjudicatario se comprometía a traer otro cargamento de este material, pero de la empresa Honeywell, aunque esta vez sería 1,2 millones en vez de solo uno.

Al fiscal, Pérez le «negó conocer el documento» y manifestó a la vista de la lectura del mismo que «no, nosotros no tenemos ni idea, eso tiene que ser algún contacto particular que tuvo con el Director del Servicio», en referencia a Conrado Domínguez. «Es un intercambio entre Conrado y la empresa», añadió y que «todo lo relativo a la modificación del contrato lo llevó personalmente el director del Servicio Canario de Salud», sostuvo.

Por contra, los mensajes aportados por Machín detallan como el 1 de junio, la directora general envió un mensaje a Machín en el que le envió a las 11.05 horas el modelo de alegaciones que tenía que mandar RR7 para tramitar el cambio del contrato -extinguido el día 1 de ese mismo mes-. «Ustedes cambien y completen todo lo que consideren», añadió Pérez. «¿Ustedes tienen la documentación de aduana que justifique toda la incidencia y me la pueden aportar? Eso tiene mucho peso a la hora de justificar el cambio», le dijo la directora general a Machín tres días después.

Domínguez respondió que «no» tuvo contactos con Machín para cambiar el acuerdo, cuando sí estuvieron hablando

Como desde RR7 no le devolvía la documentación, el alto cargo del SCS les insistió el día 21: «Tengo un requerimiento de la Audiencia de Cuentas que tengo que contestar en cinco días, por favor, necesito el escrito. Gracias». Fue el día 26 cuando Samuel Machín envió el escrito de alegaciones y el 16 de julio esta le respondió adelantándole que se había dictado una resolución definitiva aceptando la modificación del contrato.

Ana María Pérez. / C7

«No» había hablado con él

Por su parte, Conrado Domínguez, a la pregunta del fiscal sobre si seguía sosteniendo que nunca tuvo contactos con Samuel Machín «para tratar de arreglar y hacer el acuerdo de modificación del contrato», el director del SCS manifestó que «no».

Pero en los mensajes con Machín hay uno el día 1 de abril en el que Domínguez, tras la destrucción de las 3M y el consiguiente incumplimiento, le escribió sobre el cambio de mascarillas planteado: «Hay que resolver esto rápido, la interventora nos dice que hay que pedir el reintegro ya. Es que me llamó hoy».

El comisionista el 1 de abril manifestó a Conrado Domínguez que «en cuanto tenga la documentación te la envío para que estés al tanto y la tengas a ella al tanto también, tranquilo que te va a llegar todo lo antes posible».

Pérez dijo que la renegociación la llevó solo Domínguez, pero fue ella la que envió el documento de alegaciones a RR7

El responsable del SCS cerró el nuevo trato con RR7 el día 14 de ese mes cuando le dijo a Machín «Ana me llamó para contarme y pedir mi aprobación, se quedó muy contenta».

Por último, el 11 de agosto le mandó un WhatssApp al intermediario preguntándole qué cantidad de mascarillas vendrían al final porque «es la clave para cerrar esto», obteniendo como respuesta: «Lo que pactamos míster, 1.200.000 mascarillas exactamente».