En el caso Grúas se saltaron «lo permitido»

30/05/2019

La Fiscalía Anticorrupción traslada a la jueza del caso su sorpresa por el proceder del Ayuntamiento durante el mandato de Fernando Clavijo, pues entiende que se contravino un principio «básico» del derecho administrativo: no ir más allá de la ley.

La Fiscalía Anticorrupción lo tiene muy claro: en la actuación del Ayuntamiento de La Laguna en el expediente de la empresa concesionaria del servicio de grúas la corporación se saltó presuntamente «uno de los principios básicos del derecho administrativo que entiende que una administración pública solo puede llevar a cabo lo que expresamente le esté permitido, no solo lo que no esté prohibido, que le corresponde a los particulares».

Ese argumentario jurídico es una de las tesis que lleva a la fiscal María Farnés Martínez a concluir que desde el Ayuntamiento se pudo cometer un delito de prevaricación administrativa, tanto al levantar los reparos de los interventores a la prórroga de la concesión a Autogrúas Poli como con el posterior préstamo de 120.000 euros concedido a la compañía. Hasta el momento, están investigados -imputados en la anterior terminología jurídica- en ese caso el actual presidente en funciones y exalcalde Fernando Clavijo; el primer edil en funciones, José Alberto Díaz; el concejal Antonio José Pérez-Godiño y la que fuera directora del área de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Rosario Hernández Eugenio. Ahora la fiscal delegada de Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife advierte de que pudiera haber más investigados en calidad de cooperadores «necesarios» de la presunta prevaricación y señala directamente a funcionarios y cargos de confianza.

En el escrito de medio centenar de folios presentado la pasada semana en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna por la fiscal Anticorrupción, se dedican varias páginas a sostener que hay «numerosos indicios» de prevaricación, que es uno de los tres delitos que se le imputan a Clavijo -los otros dos son malversación de caudales públicos y tráfico de influencias-.

En ese apartado, la fiscal María Farnés Martínez agrega: «Sorprende nuevamente que para posibilitar la concesión del préstamo el Ayuntamiento se base precisamente en aquellos preceptos de la legislación de contratos relativos a concesiones de obra pública y no de servicios públicos que es de lo que se trataba y, sin embargo (...) para tener la prudencia de comprobar si en los adquirentes de la totalidad de las participaciones sociales de Autogrúas Poli SL concurrían o no todos aquellos requisitos que fueron determinantes para otorgar la concesión al Sr. Padilla [anterior dueño de la empresa] y previstos como obligatorios en el pliego de condiciones, no puedan hacerlo en base a los dictámenes del Consejo de Estado y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo en esta materia, por entender precisamente que no son de aplicación al venir referidos a concesiones de obra pública y no de servicios públicos». Contesta así la fiscal al planteamiento que había hecho en un escrito que entró en el juzgado el 13 de mayo el abogado José Antonio Choclán, penalista madrileño que se incorporó para dirigir la defensa de Fernando Clavijo.

En su escrito, Choclán había pedido el sobreseimiento de la causa al entender que, tras la declaración de Fernando Clavijo, quedaba acreditado que no había ilícito alguno. Frente a eso, Anticorrupción entiende que no cabe un archivo del procedimiento porque hasta la fecha hay indicios delictivos y es preciso realizar las pruebas y la toma de declaraciones ya acordada por la jueza antes de llegar a conclusión alguna. Según Choclán, lo único que se consigue al mantener abierto el caso es que el aumento el daño a la imagen de Fernando Clavijo como cargo público. María Farnés no dedica una sola línea a esa consideración.