Supuestamente arrendó cinco viviendas de su marido y hermana a profesores con cargo a la ULPGC

El Ministerio Fiscal denuncia a Berriel por malversación

10/10/2018

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha denunciado a la que fuera vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rosario Berriel, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

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El fiscal Pedro Gimeno entiende que los hechos expuestos en su día en forma de querella por parte del Consejo Social de la institución académica, podrían ser constitutivos de un delito que, según el Código Penal, acarrearía penas que podrían oscilar entre los dos a seis años de prisión, la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, de seis a diez años.

Los hechos denunciados relatan como la ULPGC firmó en su día a un acuerdo con el Instituto Confucio en virtud del cual, los profesores nativos que vendrían a Gran Canaria desde China, se alojarían en inmuebles facilitados por la propia universidad.

Fue entonces cuando, presuntamente, Rosario Berriel, aprovechándose de su puesto como vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, se saltó la normativa relativa a la licitación de los contratos de arrendamiento de dichos inmuebles. Supuestamente y, según el Ministerio Fiscal, Berriel concertó cinco viviendas en el año 2015 a personas de su entorno, en concreto, a su marido Luis Barber y a su hermana Mercedes Berriel. En concreto, fueron cuatro contratos de arrendamiento correspondientes a cinco viviendas de los que su marido y hermana eran titulares y por los que percibían cantidades económicas con cargo a la ULPGC, saltándose así la regulación vigente en materia de contratos públicos.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas entiende que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y, tras haber formulado la correspondiente denuncia, ahora el expediente irá a parar a un juzgado de instrucción que será el encargado de realizar la correspondiente investigación. En caso de que se decretase la apertura de vista oral por este asunto, la misma se celebraría ante la Audiencia Provincial de Las Palmas debido a la cuantía de las penas previstas por el delito de malversación.

Hay que destacar que el Consejo Social de la ULPGC también denunció ante la Fiscalía Provincial unas supuestas irregularidades detectadas por su Servicio de Control Interno en lo relativo a la justificación de una ayuda a la investigación en materia de cooperación internacional con Marruecos, que aún está siendo analizada por el Ministerio Público.