Secciones
Servicios
Destacamos
Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha incoado dos denuncias presentadas por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acerca de «graves irregularidades e indicios de delito» en dos actuaciones llevadas a cabo por la Fundación Parque Científico Tecnológico en el período correspondiente al año 2016. Ambas se refieren a la presunta comisión de sendos delitos de malversación de caudales públicos.
Las quejas se han presentado tras el resultado de una auditoría encargada por el Servicio de Control Interno de la ULPGC acerca de la actividad de la Fundación Parque Científico Tecnológico. La misma fue encargada mediante concurso a una empresa externa de acreditada solvencia y se centró las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la cooperación internacional. En las conclusiones, la auditoría detectó algunas presuntas irregularidades contables.
La primera denuncia, asignada al fiscal Miguel Pallarés, señala a unas supuestas irregularidades detectadas por el Servicio de Control Interno en lo relativo a la justificación de una ayuda a la investigación en materia de cooperación internacional con Marruecos. La misma incide en una cantidad presupuestaria destinada a un proyecto de gestión integral del tratamiento del agua y energías renovables para la valorización de productos del mar en el país norteafricano. El mismo fue presentado durante la celebración del décimo aniversario del Cucid (Centro Universitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la ULPGC), el día 1 de septiembre de 2016.
La otra denuncia incoada por el Ministerio Público y que tendrá que analizar, en este caso, el fiscal Pedro Gimeno, se refiere a la presunta contratación irregular de viviendas para profesores chinos procedentes del Instituto Confucio en el norte de la isla de Gran Canaria. Hay un convenio entre la ULPGC con el instituto que financia su establecimiento en la universidad y la misma tiene que buscar alojamiento a los profesores. Al parecer y según la denuncia, la auditoria detectó que las casas donde se hospedaban los maestros estaban relacionadas con la propia persona que realizaba los pagos, es decir, la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Rosario Berriel.
En ambos casos, el Consejo Social de la ULPGC ha puesto de manifiesto ante el máximo responsable de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, que presuntamente no se respetaron los procedimientos legales de adjudicación. Por este motivo, presentaron sendos escritos de denuncia por unos hechos que, según el presidente de Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán Pimienta, son constitutivos de dos delitos de malversación de caudales públicos.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.