Archiva la denuncia presentada por la Fiscalía contra la exvicerrectora de la ULPGC

El juez no ve delito en una subvención otorgada por Berriel

07/05/2019

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto de sobreseimiento provisional sobre la causa que investigaba a Rosario Berriel –exvicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)– después de que la Fiscalía la denunciase por prevaricación y malversación de caudales al saltarse presuntamente los trámites pertinentes en la concesión de una subvención de 18.000 euros a un profesor en septiembre de 2016.

El magistrado archivó la causa al entender que no existía base probatoria suficiente para sostener la acusación que se mantenía sobre la exvicerrectora ya jubilada. El auto detalla que la ULPGC concedió en 2016 18.000 euros en concepto de subvención al profesor universitario Jaime Sadwani Alonso para la ejecución del denominado proyecto Gestión integral del tratamiento del agua y energías renovables para la valorización de productos del mar.

La Fiscalía entendió, tras una denuncia presentada por el Consejo Social de la ULPGC, que este trámite se llevó a cabo saltándose la normativa para otorgar subvenciones que exige la publicación de la convocatoria en el BOE, la consignación presupuestaria previa, su baremación, etcétera. Además, entendió el Ministerio Público que en ese proyecto, se incluyó una factura a cargo de la universidad de 5.350 euros emitida por R&LB Enginieering Consulting, empresa que estaba administrada por la propia Rosario Berriel y su marido Luis Barber Doreste. Dicha factura nunca fue pagada por parte de la ULPGC.

El auto judicial desmonta la tesis planteada por el Ministerio Fiscal considerando que la subvención se concedió de forma totalmente legal después de que la defensa de Berriel, representada por el abogado Miguel Ángel Pérez Diepa, acreditase que la convocatoria se sometió a todos los procedimientos pertinentes, publicidad y bases como así establece la ley. Además, en lo que respecta a la factura, el letrado de Rosario Berriel acreditó ante la autoridad judicial que la contratación se hizo cuando la propia vicerrectora ya se había jubilado en la ULPGC, además de que Luis Barber Doreste es un especialista reputado en la materia, por lo que su contratación fue ajustada a la legalidad.

Pendiente de otra.

Berriel está pendiente de que el juez se pronuncie sobre otra denuncia presentada por la Fiscalía en su contra por malversación de caudales al supuestamente ignorar el proceso de contratación cuando adjudicó pisos para alojar a profesores del Instituto Confucio.