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El fiscal Pedro Gimeno ya anunció la pasada semana que los hechos expuestos en su día en forma de querella por parte del Consejo Social de la institución académica y referidos a un acuerdo con el Instituto Confucio en virtud del cual, los profesores nativos que vendrían a Gran Canaria desde China, se alojarían en inmuebles facilitados por la propia universidad, podrían ser constitutivos de un delito que, según el Código Penal, acarrearía penas que podrían oscilar entre los dos a seis años de prisión, la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, de seis a diez años.
Ahora el fiscal, tras valorar la segunda denuncia del Consejo Social, esta relativa a unas supuestas irregularidades detectadas por su Servicio de Control Interno en lo relativo a la justificación de una ayuda a la investigación en materia de cooperación internacional con Marruecos, también aprecia un posible delito de malversación de caudales públicos.
Según esto, la exvicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Rosario Berriel se podría enfrentar a una segunda condena que, podría oscilar a pena de prisión de entre los dos a seis años, la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, de seis a diez años.
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