Sentencia por el Albagate

Alba: «Este fallo es tremendamente injusto»

11/09/2019

Considero que el fallo es tremendamente injusto y discrepo con él con el más absoluto de los respetos hacia el tribunal y, además, mi total confianza en la Justicia. Tengo la absoluta seguridad de que esa sentencia tiene los días contados». De esta manera se expresó ayer el magistrado Salvador Alba tras ser cuestionado por la sentencia que le condena a seis y medio años de cárcel y 18 de inhabilitación por el caso conocido como Albagate y que anunció que recurrirá.

«Es evidente que no me quieren en la Justicia canaria y lo tengo más que asumido y la única solución para evitar este procedimiento era abandonar la Audiencia Provincial de Las Palmas, concursar en otro sitio, abandonar Canarias o abandonar directamente la judicatura. Hay interés de alguien en que Salvador Alba esté fuera de la judicatura canaria aunque, afortunadamente, el procedimiento irá al Supremo», expresó.

Queja.

El fallo, para Alba, es «injusto teniendo en cuenta que su fundamentación jurídica no puede sostener una pena de prisión», dijo. «Su argumentación tiene en cuenta dos pruebas exclusivamente: la grabación REC004 y la declaración del abogado Sergio Armario. Que le den una validez probatoria para sustentar una condena con prisión a una declaración de alguien que dijo que trabajaba para Ramírez, que tenía despachos en las dependencias del Grupo Ralons y que reconoció haber tenido una relación sentimental con Rosell –acusadora en este procedimiento–, no dudar de su testimonio me parece fuera del sentido más común y la lógica», destacó.

Dice que no se ha probado «ni un solo episodio que demuestre» un «supuesto odio» a Victoria Rosell

«Es el único testimonio en el que se sustenta la condena y también me sorprende el hecho de que todos fuimos testigos del relato que ofreció Héctor de Armas». Según Alba, el testigo «puso de manifiesto muchos tramos relevantes de esa conversación que escuchó de manos de Ramírez y que no aparecen en ese REC004 y, por lo tanto, creo que debería haberse dado validez a su testimonio o, al menos, decir porqué no se le daba credibilidad al mismo».

Por otro lado, el acusado echó de menos «que no se haga referencia a la cantidad de documentos y mensajes de texto protocolizados ante notario, que se aportaron en el juicio y que demostraron que hubo un contacto permanente entre Carlos Sosa y Héctor de Armas, siendo éste último intermediario de Ramírez como así declaró ante el Tribunal», relató. Unos mensajes, según él, «en los que se aconsejaba a Ramírez sobre escritos a presentar, contenidos de los mismos, información sobre las diligencias que investigaba Rosell, la pareja de Sosa y demás. Todo esto se ha ocultado en la sentencia y no ha tenido ninguna consecuencia. Asesorar a un investigado por quien es pareja de la juez que instruye el procedimiento puede ser constitutivo de infracción penal o disciplinaria así como revelar datos del procedimiento».

También se mostró sorprendido ayer en declaraciones a este periódico «que el tramo de la conversación en el que Ramírez habla con Emilio Moya –presidente de la Audiencia Provincial– al que se refiere como amigo suyo, se hable del contenido del procedimiento, de las razones que deberían llevar a su sobreseimiento, de la fianza e incluso Ramírez hace referencia a una persona a la que denomina José Ramón Navarro, aludiendo que éste le ha dicho que todo está hecho. Posteriormente, Moya dictó un auto de sobreseimiento parcial en esa causa», apuntó.

Discrepancia.

Hay un elemento que dijo haberle llevado «a discrepar del fallo» que era el dolo o intención. «Me extraña que el único elemento de ánimo o intención que aprecia el tribunal sea el de perjudicar a Rosell cuando no se ha considerado probado ni un solo episodio que demuestre ese supuesto odio que podía tener hacia ella en marzo de 2016».

En lo que respecta a la calificación jurídica que se ha desarrollado en la sentencia, Alba manifestó que «de los hechos, hay dos cosas importantes. La primera es que se considera que se ha cometido falsedad cuando emití un informe al Supremo siendo este mismo órgano el que pedía que se hiciera constar en el mismo lo que yo considerase relevante en este procedimiento. Omitir una circunstancia en ese informe es un delito de falsedad porque, si lo que pide el Supremo es que se consigne lo que yo considero interesante, no se me puede condenar por algo que no estimé relevante».

Tampoco declaró entender «la construcción que hace el tribunal» del delito de prevaricación ya que, según dice, «es un caso singular en el que no hay una resolución prevaricadora, sino que mi actitud o conducta con respecto al procedimiento de delito fiscal de Ramírez si fue prevaricadora».

Por último, en cuanto al cohecho, le causa «perplejidad ver como un tribunal considera delito que un juez de instrucción, después de una declaración del investigado con presencia de las partes en la que reconoce su relación con el marido de la juez que lo investigaba, se le pida al mismo que entregue los documentos que acreditan esa acusación tan grave, y hacerlo, es considerado cohecho. Que se preparen los jueces instructores de este país a partir de ahora porque pueden cometer este delito», apuntó.

Sostiene que el recurso mostrará la «realidad de los hechos»

Seguridad en el recurso.

El magistrado manifestó que tiene «la seguridad» de que el recurso que va a presentar «podrá apreciar la realidad de los hechos, pondrá sentido común y aplicará el Derecho de una vez por todas a un asunto al que se le ha dado la vuelta. Quien tenía contactos con el empresario imputado por varios delitos era la señora Rosell a través de su pareja Carlos Sosa y no Salvador Alba, que sí tenía la obligación de sacar a la luz esa irregularidad. Luego, me resulta curioso que, flotando en el ambiente la proximidad de una convocatoria de elecciones generales, siendo la acusación particular una diputada en el congreso que optará a seguir siéndolo, se dicte esta sentencia en este preciso momento», comentó.

Dilaciones indebidas.

El magistrado Salvador Alba se quejó de que en la sentencia no haya referencia alguna «a la duración del procedimiento ya que hay una atenuante que se debe de apreciar de oficio que son las dilaciones indebidas y parece que no es un retraso indebido que un juicio que debía celebrarse en julio de 2018, se haga un año después. Luego se constituyó un tribunal en diciembre de 2018 siendo uno de los miembros un juez que se jubilaba en mayo de 2019 y no se celebró antes sino después de esa fecha», dijo.

Apoyo de familiares y amigos.

El magistrado anunció su intención «firme» de presentar un recurso de casación ante el Supremo y espera «que tarde en resolver el menor tiempo posible», dijo. «No sé si tendré que salir algún día, espero que no, pero tengo que decir que han sido numerosísimas las llamadas y mensajes recibidos de familiares, amigos, conocidos y hasta desconocidos que me han animado a que levante la cabeza y siga adelante», advirtió.

  • 1

    ¿Las instituciones públicas han hecho todo lo posible para reducir la exclusión social en Canarias en la última década?

    Sí.
    No.
    Ns / Nc.
    Votar Ver Resultados