El juzgado rechaza suspender el desahucio de Rita y de su niña

23/07/2019

El Ayuntamiento pidió aplazar el desalojo hasta conseguirle otra vivienda. La autoridad judicial le mantiene la orden de abandonar su hogar en Las Huesas antes del 1 de agosto.

Nuevo contratiempo judicial para Rita María Pérez. El juzgado de instrucción número 1 de Telde ha rechazado la petición que le cursó el Ayuntamiento para que suspendiese el requerimiento que le hizo a esta vecina para que dejase la vivienda de promoción pública que okupa en Las Huesas. Así las cosas, el oficio remitido a la Concejalía de Vivienda, que coordina la exalcaldesa Carmen Hernández, le mantiene la orden a Rita de tener que abandonar, antes del 1 de agosto, el inmueble en el que vive. Si nada lo remedia antes, ella y su hija de poco más de dos años se verán en cuestión de pocos días en la calle y sin un hogar. La casa forma parte de una promoción de pisos sociales del Gobierno canario, pero Rita María, que okupó esta vivienda en noviembre de 2015, denuncia que llevaba años vacía. Está en la calle Paseo del Poema, en las llamadas casas sociales.

El Ayuntamiento, como ya se había procedido en otros casos, intentó mediar con la autoridad judicial para, sin pretender alterar en modo alguno el sentido de la resolución, sí al menos buscarle una alternativa habitacional a esta familia. Otras veces, de hecho, el juzgado accedió al aplazamiento, pero en esta ocasión la justicia se ha mostrado firme. En el oficio que le remitió al consistorio el pasado 5 de julio de 2019 le advierte de que esta ejecutoria parte de una sentencia ya firme dictada en mayo de 2019, por lo que, aclara, el requerimiento que le hizo el 1 de julio pasado a Rita para que dejara la vivienda en el plazo de un mes seguía vigente. Ese ultimátum expira el 1 de agosto. Si no deja la casa de forma voluntaria, fijarán día y hora para el lanzamiento.

Sin ingresos

El problema es que Rita María, que tiene dos hijos a su cargo, aunque solo uno es menor de edad, no solo no tiene casa a dónde ir, sino que no percibe más ingresos que los 120 euros mensuales que recibe de manutención por su niña pequeña. Rita está desesperada. Sabe que la casa no es suya, ni pretende quedarse en ella, pero pide que al menos le ayuden para no verse sin un techo bajo el que poder dormir. La mala noticia, según informó ella misma a este periódico, se la dieron a primera hora de este lunes. Se la facilitaron técnicos municipales de Vivienda.

Este caso judicial arrancó en noviembre de 2015, cuando la adjudicataria oficial de la casa descubrió que Rita se había metido dentro y la denunció. La primera sentencia en su contra data de junio de 2018, contra la que Rita presentó recurso de apelación que finalmente le fue desestimado por una nueva resolución, esta vez de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de abril de este mismo año 2019. Ahora Rita dice que no sabe a quién acudir. El Ayuntamiento asegura que explora otras vías, pero nada es seguro. El tiempo ya corre en contra de esta familia.

«Que le retiren la adjudicación»

El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria apoya la causa de Rita María Pérez e insta al Gobierno de Canarias a que retire la adjudicación de la vivienda a la denunciante del caso, dado que, según Rita, llevaba años sin ocuparla, y a que paralice el desahucio. Para explicar esta vía de solución ha convocado para este martes una rueda de prensa en el edificio de La Comunidad La Ilusión, en Valle de los Nueve, un inmueble abandonado que fue okupado por 14 familias. Rita María insistía este lunes en pedir que al menos le busquen un piso en el que poder hacer frente a un alquiler social. Gobierno y Ayuntamiento la registraron en el programa Canarias+ViviendasXFamilias, un paraguas para emergencias habitacionales como la de Rita y su hija, pero, que se sepa, no ha aparecido ninguna casa para acogerlas.