El Ayuntamiento buscará un alojamiento provisional a María del Pino y su niño

15/01/2019

El Consistorio capitalino ofrecerá una pensión a la mujer que el lunes se enfrenta a una orden de desahucio por impago del alquiler. Se trata de evitar que esta vecina de Casablanca I se quede en la calle con su hijo.

Este lunes podría ser algo mejor de lo esperado para María del Pino Santana, la vecina de Casablanca I que espera el lanzamiento de la casa de alquiler en la que vive junto a su hijo de cinco años. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha comprometido a buscarle un techo provisional, previsiblemente una de las pensiones con las que trabaja el Consistorio para casos similares o de personas sin hogar, mientras se trata de mejorar su situación a largo plazo.

El concejal de Vivienda, Javier Doreste, informó este sábado, a través del departamento municipal de prensa, que «tras hablar con el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, se ha decidido intervenir de urgencia este lunes, y desde Asuntos Sociales se va a buscar un alojamiento alternativo y provisional a esta mujer y a su hijo, seguramente en una pensión, hasta que se encuentre una solución más duradera».

El caso de María del Pino Santana saltó este fin de semana a los medios después de que el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria denunciara que esta mujer, de 38 años de edad, y su hijo de cinco años, se iban a quedar en la calle el próximo lunes.

Contra ellos pesa una resolución judicial de desahucio como consecuencia de que esta vecina de Casablanca I no paga el alquiler desde marzo. Antes compartía gasto con otra persona, pero desde que su compañero de piso se marchó no ha sido capaz de afrontar la cuantía de la renta. Ella ingresa 540 euros por la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y lo que tiene que pagar de mensualidad son cuatrocientos euros.

El concejal de Vivienda aseguró este sábado que «se va a revisar de nuevo el expediente que consta de ella en Vivienda y en Asuntos Sociales porque por parte de la afectada no consta, oficialmente, ninguna petición de ayuda oficial por riesgo de desahucio inminente». Sí reconoce que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se le tramitaron hace dos meses dos ayudas económicas: la PCI y una ayuda extraordinaria de emergencia «que ya cobró o está cobrando aún».

El problema de esta ayuda es que no le sirvió a María del Pino Santana para mejorar su problema porque todo se lo quedó la entidad bancaria. Así lo explica ella: «Eran unos ochocientos euros, creo, pero como tenía un descubierto en la cuenta, el banco cogió lo suyo y aún me queda bastante por justificar».

Ella atribuye parte de esta situación al retraso en que le fueron concedidas las dos ayudas económicas. «La ayuda de emergencia la tramité en junio y me dijeron que lo cobraría entre julio y agosto, pero al final me la dieron a fines de septiembre, igual que pasó con la PCI», expuso.

Esta situación le generó un agujero económico de varios meses del que aún no se ha recuperado. De hecho, reconoce que «los meses de noviembre y diciembre nos ha mantenido una vecina».

Mantener al niño

Su gran miedo ahora no es la calle sino que el hecho de quedarse sin techo acabe por arrebatarle a su pequeño. Esta mujer es víctima de violencia de género y ha denunciado también una agresión sexual de otra persona. Para ella, su hijo es lo único que le da sentido a la existencia. «Tengo pánico de que me quiten al niño porque es lo único que me mantiene en pie», reconocía este viernes a este periódico.

Por eso, la opción de ir a una pensión es aceptable para ella. «Claro que lo aceptaría, pero el problema es que nadie se ha puesto en contacto conmigo», explicó la joven en la tarde del sábado, «me estoy enterando por ustedes (este periódico), el caso es que nadie me ha comunicado nada y aquí las cosas siguen igual».

Se muestra desconfiada. «A ver si cumplen su palabra porque ya no me fío de nadie, y de verdad que lo siento», aclara. Estas cautelas con la administración pública han crecido en ella después de no obtener respuesta alguna de las instituciones en los últimos meses. Ella decía el viernes que la única recomendación que tuvo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue la de que se buscara un alquiler para luego tramitar la ayuda. Pero eso es prácticamente imposible porque sin trabajo y con unos ingresos de 540 euros resulta muy complicado encontrar un piso asequible.

Desde el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez denunciaba que casos como el de esta vecina de Casablanca I son frecuentes y cifraba en casi mil los que ellos tramitan cada trimestre.

Hay que recordar también que el Consistorio capitalino renunció a crear la prometida oficina antidesahucio para no duplicar servicios con el Cabildo de Gran Canaria.

Pese a que el Ayuntamiento aseguró que no tenía constancia de «ninguna petición de ayuda excepcional» por parte de María del Pino, sí indicó que «hace meses se envió al Gobierno de Canarias un informe para que su caso fuera atendido y le proporcionaran una vivienda social, pero la Comunidad Autónoma no ha respondido».

Desde la Consejería de Vivienda del Ejecutivo autónomo se informaba este sábado también que el Gobierno le «buscará una alternativa habitacional dentro del programa Canarias + Viviendas x Familias, que está diseñado para casos similares.

Se trata de un programa que presta asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, desahucios, desalojos y otras circunstancias en las que exista un alto riesgo de que personas físicas o unidades de convivencia queden en exclusión residencial, según explicaba la propia Consejería en una nota de prensa de junio del año pasado.

Panorama municipal

La cantidad de ayudas de alquiler concedidas por el Ayuntamiento y la cuantía entregada este año (854 y 1,12 millones de euros, respectivamente) supera la cifra de años anteriores, gracias a que se amplió la cantidad destinada a ayudas al alquiler un 70%, según informa el Consistorio. En 2017 se concedieron 802 ayudas, por 1.140.000 euros; en 2016 fueron 655 ayudas, por 989.663 euros. Y en 2015, se subió la cantidad presupuestada por el anterior gobierno (de 700.000 a un millón de euros), con lo que se consiguió llegar a 200 familias más que las iniciales 500 previstas.