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«Tengo miedo de que me echen a la calle y que me quiten al niño»

«Tengo miedo de que me echen a la calle y que me quiten al niño»

Una vecina de Casablanca I, víctima de violencia de género y con un hijo de cinco años, pide ayuda para frenar el desahucio de la casa de alquiler en que vive, previsto para el lunes.

Jueves, 1 de enero 1970

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A María del Pino Santana las horas del fin de semana se le van a pasar volando, devorada por la angustia de verse en la calle. El próximo lunes, si nadie lo remedia, se ejecutará una orden judicial de desahucio de la casa en la que ha venido viviendo con su hijo porque desde marzo no paga el alquiler. Antes compartía gastos con otra persona, pero desde que se marchó no puede afrontar las mensualidades de 400 euros que le cobraban ya que solo tiene de ingresos los 540 euros que le llegan por la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Víctima de violencia por parte del padre del niño y denunciante de un supuesto caso de agresión sexual por parte de otra pareja hace año y medio que aún debe resolverse en los juzgados, ahora teme que su expulsión acabe por arrebatarle a su hijo. «Tengo pánico de que me quiten al niño porque es lo único que me mantiene en pie», señala esta vecina de Casablanca I de 38 años de edad.

«No he parado de moverme desde hace meses», señala, «en el Cabildo de Gran Canaria no me han dicho nada y en el Ayuntamiento me pidieron que busque un alquiler y luego que pida la ayuda». El problema que tiene es que sin trabajo y con unos ingresos tan bajos, «nadie quiere alquilarme una casa».

Por eso mira a las instituciones, en especial a la empresa Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), para acceder a un piso de protección oficial. «Con tal de que encontremos una solución y no me quiten al niño, lo que sea», repite incansable.

Desde el sindicato de inquilinos de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, lamentó la respuesta institucional que se ha dado a María del Pino. «Lo que está pasando es una epidemia», aseguró, «estábamos tramitando 735 casos por trimestre a nivel de Canarias pero ya va por el millar». Dice que «la gente está desesperada» porque no puede afrontar el alza de los precios de alquiler. «La burbuja se está inflando», lamentó Rodríguez.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concedió en 2018 un total de 854 ayudas de alquiler de vivienda, por un importe total de 1.188.187 euros y con un nivel de ejecución del 99,02% de la partida presupuestada para este programa, según una nota de prensa remitida por el Consistorio capitalino y difundida sin que guarde relación con el caso de María del Pino Santana.

Unas cifras, según destaca el concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste, que ponen de manifiesto que «para nosotros es una prioridad poder ayudar a las familias de nuestro municipio que tienen dificultades para afrontar el pago del alquiler de sus casas, que en algunos casos están en peligro de ser desahuciadas de sus hogares, ya que es básico garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna y en esa labor los ayuntamientos tenemos un papel clave».

De hecho, estas ayudas han contribuido a evitar, dice el concejal, un total de 27 desahucios por impago de alquiler en el municipio durante todo el año pasado. Las ayudas económicas que concede el Ayuntamiento para el pago de alquileres a familias socialmente vulnerables ascienden a una media de 1.445 euros al año.

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