El potrero de Jinámar costará 4 millones
El nuevo depósito municipal de vehículos se retrasa hasta el año que viene y se completará con un centro de formación vial. Sagulpa debe a la ciudad 423.000 euros hasta junio. Aprobada la subida de sueldo de su gerente
El proyecto de construcción del futuro depósito municipal de vehículos en Jinámar tendrá un coste aproximado de cuatro millones de euros, según informó ayer el gerente de la Sociedad de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa), José Ricart, en la junta general de la empresa pública.
La estimación está incluida en el proyecto básico que ha sido remitido al área de Urbanismo y que incluye también la creación de un centro de formación vial en la zona, en concreto en las proximidades del centro comercial El Mirador.
El nuevo depósito sustituirá al potrero provisional que funciona en la zona del Rincón con una capacidad para trescientos vehículos. En cambio, la instalación que se quiere construir en el Mirador del Valle podrá albergar unos novecientos automóviles.
El concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, aseguró que «la intención es que se inicie durante el año 2021».
Durante la junta general también se informó de que el precio final del aparcamiento de San Bernardo se elevó hasta los seis millones de euros. El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, criticó que «solo se han recuperado 1,5 millones de euros, a pesar de que en 2016 el alcalde, Augusto Hidalgo, se comprometió específicamente a que la anterior concesionaria devolvería la instalación en perfecto estado».
«Terminan cinco años de gestión del actual gobierno en Sagulpa en los que no se ha incrementado ni una sola plaza de aparcamiento en los barrios», añadió el edil del PP.
La junta general de Sagulpa también conoció la decisión de aumentar el sueldo al gerente de Sagulpa. Pasa de cobrar 76.077 euros a 77.500 euros anuales, un 1,8% más. El concejal Eduardo Ramírez asegura que la subida es una adaptación a la propuesta de clasificación de las sociedades públicas municipales que será aprobada en breve por el pleno y que determina los sueldos de los gerentes en base al presupuesto de la sociedad, el número de trabajadores, sus niveles de inversión, etcétera.
Sagulpa tiene en estos momentos una deuda con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (a 30 de junio de este año) de 423.000 euros, unos 64.000 euros más que los que debía a 31 de diciembre del año pasado.
Facturas urbanísticas con retraso
La sociedad municipal de Gestión Urbanística (Geursa) se está retrasando en el pago a sus proveedores. De los 115 días que tardaba en abonar las facturas en 2018 nos encontramos ahora con 209 días, de acuerdo a los datos del propio Consistorio relativos al mes de mayo de este año.
Buena parte de este retraso se debe a que el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tarda unos 209 días en pagar a Geursa por las encomiendas que le encarga.
El portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Francis Candil, criticó ayer este hecho. «El Ayuntamiento paga tarde y mal a la empresa y, por culpa de eso, la compañía se ve obligada a pagar tantos intereses de demora», dijo, «es un ejemplo más de la agilidad de este ayuntamiento para pagar e inyectar dinero a la economía de la ciudad».
De acuerdo a los datos presentados ayer, Geursa realizó pagos por valor de 15,32 millones de euros y tenía otros 9,58 millones de euros pendientes de abono.
La sociedad urbanística aprovisionó casi 1,6 millones de euros por juicios abiertos contra su gestión, muchos de los cuales fueron reclamaciones de intereses de demora en la tramitación de las facturas de las empresas.
Guaguas Municipales también celebró ayer su junta general. En la reunión, la gerencia de la compañía informó de que la empresa ha perdido en el último año (de julio de 2019 a la actualidad) unos ocho millones de euros como consecuencia de las restricciones de movilidad que se impusieron para luchar contra la pandemia de la Covid-19. La cifra encaja con las previsiones hechas por la propia compañía, que hace un mes ya dibujaba varios escenarios de pérdidas que iban entre los seis y los once millones de euros, dependiendo de si se recibirán aportaciones dinerarias públicas adicionales o no.
Hay que recordar que en el momento más restrictivo del confinamiento, la actividad de la compañía pública de transportes se redujo en torno a un 87%.
«Hemos mostrado nuestra total preocupación al respecto y preguntamos al alcalde, Augusto Hidalgo, qué trabajo se está haciendo para evitar que la compañía vaya al colapso, pero su respuesta fue el silencio», denunció ayer el viceportavoz del grupo municipal del PP, Ángel Sabroso.
El edil recordó que la Autoridad Única del Transporte no ha liquidado el contrato-programa 2013-2016 y que está sin firmar el que debe regir para el periodo comprendido entre 2017 y 20202.
También dijo que «se sigue sin saber cuánto abonará el Cabildo» por el uso de los bonos residente y joven.
