Bruselas investiga los 125 millones de financiación al gas en Canarias

17/05/2019

El Banco Europeo de Inversiones abre una investigación a Redexis al crédito dado por el BEI de 125 millones de euros para la implantación del gas en Canarias. La empresa indica que ante la imposibilidad de invertirlo en Canarias al estar el concurso parado, lo está destinando a otros proyectos gasistas en la península.

El presidente de Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) investigará el préstamo que concedió a Redexis para desarrollar estructuras gasistas en la isla y en Tenerife tras la reclamación presentada por la Corporación insular.

En este sentido, la Institución grancanaria ha considerado que el proyecto un obstáculo a las renovables y destaca su afección al medioambiente, «aparte de por su falta de viabilidad económica, por lo que la entidad europea no ha abonado la cuantía que inicialmente destinó a este fin».

Morales comentó que la División del Mecanismo de Reclamaciones del BEI ha remitido al Cabildo un informe de evaluación como consecuencia de la denuncia que dirigió el propio presidente al presidente del BEI, Wermer Joyer, el año pasado tras la firma del crédito de 125 millones en enero de 2018 entre el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa, y el entonces vicepresidente del BEI Román Escolano, junto al consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega.

Por su parte, Redexis Gas anunció entonces la construcción de ocho estaciones de aire propanado, 240 kilómetros de gaseoductos de distribución y 19.000 acometidas en ocho municipios de Gran Canaria y Tenerife.

«Una operación que para el Cabildo de Gran Canaria constituía y constituye un inaceptable obstáculo para el desarrollo de energías renovables en un archipiélago que registra una de las más elevadas huella de carbono de España por las emisiones de gases de efecto invernadero», explicó Morales.

Para el presidente insular, se trata de una «buena noticia porque el BEI escucha a una administración pública y abre un proceso de investigación para aclarar si existe viabilidad económica».

«Nosotros insistimos en que no existe porque no tiene estudio de impacto económico, no tiene clientes, ni casa con las decisiones de la Unión Europea de impedir el aumento de emisiones de CO2», manifestó al tiempo que agregó que, por el contrario, «hay que poner en marcha procesos que consigan disminuir la huella ecológica y avanzar hacia la descarbonización».