Adiós a los 125 millones del gas ciudad

21/03/2019

El parón de más de un año que sufre el plan de Redexis para desplegar las redes en el archipiélago obliga a la empresa a destinar la financiación prevista por el Banco Europeo de Inversiones para Canarias a otros proyectos en la península

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El parón de más de un año que sufre el proyecto de entrada y despliegue del gas propanado en Canarias, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, se ha saldado con la pérdida de los 125 millones de euros de financiación que había aportado el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta inversión, que la empresa adjudicataria del proyecto en las islas, Redexis Gas, iba a destinar al despliegue de la red en el archipiélago se ha volcado a otros proyectos de desarrollo del gas de la compañía en otras regiones de la península como Andalucía y Aragón.

Redexis recibió financiación del BEI para el despliegue del gas propanado -considerado una fuente de energía más limpia y barata que el petróleo- en el período 2015-2018 que destinó a distintos proyectos en la península. Para el período 2018-2020 recibió otros 125 millones que iba a invertir casi en su totalidad en el despliegue de la red en las islas. Al bloquearse el proyecto de Canarias sine die y ante el riesgo de perder los fondos, Redexis ha destinado esta financiación a otros proyectos a la península. Fuentes cercanas no descartan que el BEI pudiera volver a dotar de financiación al gas en Canarias, aunque por ahora no hay fondos previstos.

A fecha de ayer, el Tribunal Supremo aún no había decidido admitir a trámite o no el recurso de casación presentado en mayo de 2018 por el Gobierno de Canarias en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló parte del decreto que reguló los criterios de adjudicación del gas propanado. Gracias a ellos, Redexis Gas resultó adjudicataria del gas en ocho municipios de Canarias mientras que Gas Natural lo fue en dos y Disa, que fue quien recurrió el decreto ante el TSJC, quedó fuera.

El Gobierno de Canarias ya ha dejado claro que hasta que no se sepa la decisión del Tribunal Supremo, algo que aún podría demorarse varios meses, no concederá a Redexis la autorización administrativa. Hacerlo y que luego la Justicia obligue a iniciar el proceso de adjudicación de cero podría tener consecuencias económicas para el Ejecutivo.

Redexis preveía tener la autorización administrativa a mediados de 2018 para empezar a abrir zanjas a finales de año, tras conseguir las licencias de obra de los ayuntamientos. Los planes de Redexis pasaban por desplegar 2.900 kilómetros de tubería en ocho municipios e invertir 480 millones (125 financiados por el BEI).

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