RTVC paga la señal sin contrato, tras declararse nulo el concurso de Negrín

25/09/2018

El oscurantismo con que se condujo el último presidente de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, empieza a disiparse. La Intervención General desarbola los argumentos de Negrín

Han pasado cuatro meses desde que Negrín dimitió de su cargo y ya se conocen documentos que confirman que las advertencias que siempre desoyó no eran gratuitas. El último facilitado al Parlamento evidencia que el concurso para el transporte de la señal, tanto de la radio como de la televisión públicas, fue ilegal, como le previno sin éxito con antelación suficiente la secretaria del Consejo Rector.

La interventora general de la Comunidad Autónoma, que desde el primer momento fue crítica con ese concurso, no llegó a permitir nunca que se formalizara el contrato entre Negrín y Cellnex (antes Retevisión), lo que ha provocado que durante estos nueve meses que van de año ese servicio se haya pagado sin más documento que la gestión de expedientes extraordinarios por enriquecimiento injusto de la administración.

Tanto la secretaria del consejo, Cristina Duce, como la vocal María Lorenzo advirtieron a Negrín en varias ocasiones, verbalmente y por escrito, de la ilegalidad de un concurso negociado sin publicidad para el transporte de la señal una vez dejó vencer una prórroga de seis meses sin convocar una licitación abierta. Y mucho menos a espaldas del consejo rector del ente público, al que ignoró repetidas veces.

Negrín hizo caso omiso y el 1 de febrero, constituido órgano de contratación unipersonal, adjudicó el concurso a la única empresa a la que invitó, Cellnex. A partir de ese momento, Negrín comenzó a protagonizar un singular pulso con la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Tras conocer el veto al contrato con Cellnex, comenzó a poner en cuestión las competencias de la Intervención sobre el ente, tanto en lo que respecta a la fiscalización previa como al control de legalidad. En un escrito fechado el 24 de mayo, el expresidente de RTVC asegura que «esta entidad no está sujeta a dicho control (...) puesto que es un ente público con plena autonomía e independencia funcional (...)».

Curiosamente, ese escrito, que tuvo entrada en la Consejería de Hacienda el 29 de mayo pasado, se cursa una semana después de que Santiago Negrín presentara su dimisión alegando motivos personales. Su cese, sin embargo, no se publicó hasta el 7 de junio en el Boletín Oficial de Canarias, lo que se explicó en el ente público en base a la necesidad de que el presidente en funciones pudiera «firmar las nóminas y atender las cuestiones de gestión diaria».

La interventora general desatendió todos los argumentos de Negrín y ordenó con rotundidad el inicio de un «procedimiento de revisión de oficio y se declare la nulidad» del concurso «al haberse dictado el acto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». En uno de sus escritos indica claramente que el procedimiento debió haberse tramitado «como procedimiento abierto», en vez de negociado sin publicidad.

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