El Parlamento, escandalizado por los 432,8 millones burlados al fisco

15/01/2020

Un año después de que la Audiencia de Cuentas alertara sobre los impuestos pendientes de cobrar y las subvenciones sin reintegrar, la Comisión de Presupuestos condena la «deficiente» gestión del Gobierno en 2017. Coalición resalta que Rosa Dávila se puso en marcha para solucionar el problema

La Comisión de Presupuestos del Parlamento ha tardado un año en pronunciarse sobre el «crecimiento continuado» de los impuestos cuya recaudación se va perdiendo y de subvenciones injustificadas cuyos reintegros se van dando de baja, lo que suman 432,8 millones de euros desde 2011.

La cifra es el resultado de la fiscalización que realizó la Audiencia de Cuentas a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2017. En el informe, cuyo contenido se debatió ayer, se detalla que del total pendiente de cobro, 218,1 millones corresponden a impuestos no abonados y 194,2 millones de euros a reintegros de las subvenciones que no se han dado por justificadas.

Este asunto, como el «maquillaje» de las cuentas para saldarlas con un superávit «falso», focalizó las críticas del Partido Socialista Canario (PSC), Nueva Canarias (NC), Sí Podemos, Agrupación Socialista Gomera (ASG), y Ciudadanos (Cs) a la «deficiente» gestión que llevó a cabo Coalición Canaria (CC) al dirigir el Gobierno de 2017. El diputado del Partido Popular (PP), Fernando Enseñat, aconsejó a los socialistas mayor moderación al recordarles que compartieron el Ejecutivo autonómico con los nacionalistas y «aprobaron» aquel Presupuesto.

Pero el diputado Iñaki Lavandera prescindió del consejo. Definió como «injusticia tributaria» la «escasa» recaudación registrada en 2017 y los problemas que tuvo la empresa pública Grecasa con el aplicativo informático -el PP destapó la pérdida de datos sobre impuestos reclamados y no cobrados entre noviembre y diciembre de 2016, a consecuencia de un cambio en los sistemas informáticos-.

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, aclaró que el informe pone de relieve la «gestión continuista» respecto de los pendientes de cobro, y señaló la dificultad que entraña analizar, expediente a expediente, tales derechos antes de darlos de baja, lo cual puede entrañar incluso «responsabilidades penales».

La diputada de NC, Esther González, añadió a lo que denominó «política de abstención recaudatoria», el «falseamiento» del superávit registrado en 2017.

El portavoz de CC, José Miguel Barragán, empleó la ironía para responder a la denuncia subrayando lo «fácil que es engañar a la Intervención General del Estado y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal» (AIReF) al corroborar ambos el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

Barragán salió en defensa de la exconsejera de Hacienda, Rosa Dávila, al afirmar que «comenzó con los trabajos para dar solución» a los pendientes de cobro que se acumulaban desde el año 2011.

El diputado de Sí Podemos, Manuel Marrero, cuestionó la figura de buenos gestores con la que CC quiere pasar a la historia cuando «la Audiencia de Cuentas llama, año tras año, la atención sobre la falta de políticas de evaluación del gasto público y de cumplimiento de objetivos».

El presidente de la Audiencia de Cuentas respondió lamentando que no pudiera ver la luz un «proyecto en el que se estaba trabajando en la legislatura pasada».

La diputada de ASG, Melodie Mendoza, se detuvo en las «numerosas» recomendaciones que hace el órgano fiscalizador a los gobiernos y estos las desoyen. Se preguntó «qué sentido tiene», igual que las propuestas de resolución del Parlamento que «caen en saco roto».

La portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, destacó las denuncias de la Audiencia sobre ciertos procedimientos de contratación del sector público empresarial y el no suministro de la información preceptiva; «entiendo que esto pasa por estar fuera de la legalidad», especuló.