Grecasa pierde 100 millones al extraviar datos de embargos

02/03/2018

El Partido Popular (PP) denunció ayer que el Gobierno autonómico ha perdido los datos sobre los contribuyentes afectados por embargos entre noviembre y diciembre de 2016, lo cual supone un «quebranto» que podría estar en torno a los 100 millones de euros, estimó Águeda Montelongo.

La diputada Águeda Montelongo preguntó ayer a la consejera de Hacienda del Gobierno autonómico, Rosa Dávila, por la pérdida de datos entre noviembre y diciembre de 2016 que refleja la empresa pública Grecasa en su última memoria, a consecuencia de un cambio en los sistemas informáticos que recogen el listado de deudores y las fases en las que se encuentran.

Montelongo denunció la existencia de un «quebranto» que calculó para 2017 en «100 millones», teniendo en cuenta que el año anterior la recaudación en fase ejecutiva alcanzó los 88 millones, tanto de embargos como de apremios y recargos.

«No hay quebranto», aseveró Dávila. Admitió que la introducción de un aplicativo informático ha provocado una «ralentización -subrayó- que no implica una paralización de las deudas».

La consejera acusó a Montelongo de «tergiversar», pero no pudo certificar, como se lo pidió la diputada, que «conoce la situación deudora de contribuyentes en vía ejecutiva en noviembre y diciembre de 2016»; tampoco sobre el «lanzamiento de diligencias por embargo sin tener información sobre los deudores» -en 2017 informó que se lanzaron 357- ni «cuánto puede prescribir».

prescripción. «¡Claro que prescribirá algún expediente!», se lanzó el portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Ruano; «no por este asunto, sino por lo que sea», remató.

Sin embargo, la diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González, retó a Dávila a «garantizar en el Parlamento que esta situación no ha producido prescripción de ninguna deuda», requerimiento que tampoco atendió la consejera. «Con la migración de datos del programa de Grecasa al m@gin se han perdido un montón de datos de deudores y el control de la prescripción», afirmó taxativa González.

Por ello, Montelongo anunció que pedirá una «auditoría para que el Tribunal de Cuentas determine el quebranto y las posibles responsabilidades a exigir».