El Gobierno no publica la lista de deudores a Hacienda

No hay listado porque todavía no se ha publicado, a pesar de que la Orden de 29 de noviembre de 2016, de la Consejería de Hacienda regula cómo se ha de publicar la lista. Entre otras cosas, establece que la publicación que, «a 31 de diciembre de cada año cumplan las condiciones dispuestas por el apartado 1 del artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se realizará anualmente a partir del 1 de mayo del año siguiente, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria.

No sucede lo mismo en otras comunidades autónomas. En Navarra, se ha podido saber que 316 personas y empresas componen la lista de contribuyentes que superan los 250.000 euros de deuda tributaria y que el 40% de estos son empresas del sector de la construcción e inmobiliario, según publicó El País hace pocos días.

También resulta difícil encontrar datos que permitan evaluar la eficacia de la Agencia Tributaria Canaria en cuanto a la recaudación de impuestos y la lucha del fraude fiscal desde que se creó, en 2015. No están publicados tampoco.

En un informe sobre el «grado de cumplimiento de los objetivos» en 2015 y «propuesta de pago de productividad al personal» se indica que hubo un nivel «alto de cumplimiento, procediendo el pago de productividad cuyo porcentaje retributivo debe oscilar entre un 2,5% y un 5% de la retribuciones fijas anuales, excluida la antigüedad».

Según el documento sólo la recaudación sobre el total de la deuda en vía ejecutiva y la disminución de las resoluciones estimatorias -a favor del reclamante- de las reclamaciones se cumplieron por debajo de los objetivos.

Por otra parte, la Consejería de Hacienda en el BOC de mayo precisa que durante el primer año de funcionamiento de la agencia, ésta se «centró en la necesidad de su creación, afianzar los pilares de la nueva fórmula jurídica y organizativa».

«El Plan de Acción Anual para el año 2016 -se prosigue en el boletín-, mantuvo el objetivo de seguir creando la agencia» y se reconoce que «algunas actuaciones no habían podido ser culminadas en 2015». Y llega 2017 como el último año en el que está vigente el contrato de gestión, que establece los compromisos entre el organismo y la Administración autonómica.