Lucas Cruz: «RR7 firmó el contrato y cobró los cuatro millones del SCS sin tener las mascarillas»

El empresario declaró a este periódico desde Oriente Medio, donde se encuentra residiendo en la actualidad, que en esta operación de compra de mascarillas por parte del Ejecutivo canario y que investiga la Fiscalía Anticorrupción, él es «una simple maniobra de distracción, soy el eslabón más débil en este negocio, estoy harto, pero también seguro de que saldrán más cosas», comentó. «Si me llaman desde la Fiscalía hablaré con ellos y les daré todos los datos que tengo, aunque esté en el extranjero. No me consta que haya ningún problema conmigo ya que no fui el intermediario especializado, solo fui testigo de ver cómo un tercero hacía una operación», detalló.

Este caso lo investiga desde el pasado 8 de abril la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a RR7 por estafa y a Sanidad por prevaricación y malversación.

Lucas Cruz dijo que conoció a Rayco González, administrador único de RR7, «en junio de 2020 durante el confinamiento porque un tercero me dijo que si sabía de alguien que dispusiera de mascarillas porque habían firmado un contrato de cuatro millones de euros con el Servicio Canario de Salud y no encontraban el material», narró. «Le respondí que iba a buscar y contacté con mi amigo Ihsan Mahmhoud. Ellos negociaron todo e incluso crearon una sociedad para hacer negocios, tanto con las mascarillas como con otros asuntos relacionados con el petróleo».

A partir de ese momento, insistió Cruz, «Ihsan Mahmhoud contrató los servicios de un abogado fiduciario en Londres llamado Charles Douglas para buscar las mascarillas, comprobarlas, pasar todos los filtros necesarios y luego servirlas al SCS», manifestó. Dijo que le sorprendió que el administrador único de RR7 le planteara «que llevaba tiempo buscando en el mercado las mascarillas 3M FFP3, a pesar de que ya había firmado el contrato y cobrado los cuatro millones del SCS. Lo hizo sin tener la mercancía disponible. Yo le pregunté que cómo había sido que le adjudicaran el contrato sin tener las mascarillas y sin dedicarse al ámbito sanitario y me respondió que no me preocupara», recalcó.

Tuvo claro en todo momento que RR7 y el SCS «habían suscrito un contrato legítimo y entonces me puse manos a la obra en mi trabajo de intermediación. Le pregunté con posterioridad cómo una compañía con 3.000 euros de capital social puede suscribir un contrato de esas cantidades millonarias y no me dio una respuesta clara. Pero que quede claro, yo aparecí en junio de 2020 para la búsqueda de un proveedor de mascarillas a pesar de que les dije que no estaba especializado en este campo y después de que ellos estuvieran cinco meses buscándolas», denunció.

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Cuando firmaron el contrato de compra de las mascarillas 3M modelo 1860, Cruz detalló que lo hicieron «con un abogado que opera a diario en transacciones de comercio exterior, sabe de lo que habla y cómo verificar el producto. Ihsan incluso fue a Adís Abeba, al terminar de carga, con un inspector para revisar el cargamento, hicieron un informe, lo mandaron al abogado que ordenó el pago y las mascarillas volaron hasta Gran Canaria. Parece que fui yo el que recibió los cuatro millones y, si realmente hay un problema entre el exportador y el importador RR7, ¿por qué no iniciaron una reclamación? Mi trabajo es ser empresario y conectar a personas para hacer negocios y, en este caso, todos los documentos fueron correctos», argumentó.

Acerca del quid de la cuestión sobre si las mascarillas eran falsas -como sostiene RR7- o no estaban homologadas en España -como argumenta el proveedor, Lucas Cruz se alineó con la segunda tesis: «Yo veo normal que la Aduana retenga el producto ya que al recibirlo y comprobar la documentación, le extrañe que esta mercancía la reciba una empresa que no se dedica al sector sanitario. Automáticamente el DUA entra en semáforo rojo y revisa la documentación. Yo viví esa situación en primera persona con inspectores, Hacienda, recuentos, 3M, documentación y demás. Esa mercancía ni siquiera se vendía en 3M España porque no cumplía con la certificación europea y no entiendo que las hayan pedido. Por eso destruyeron el cargamento», declaró.

Por último, se quejó de lo que considera una «persecución» hacia su persona desde que apareciera en la escena pública representando a un supuesto fondo de inversión que intentó una compra fallida del CB Gran Canaria: «Parece hasta ilegal ganar dinero hasta el punto de que ahora estoy en otro país trabajando porque, después del ruido generado con el asunto del Gran Canaria, mi vida se fue al traste y mi reputación cayó al suelo», finalizó Lucas Cruz.