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A la espera de que la jueza Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, ponga nueva fecha a la declaración de la cuarta imputada en el caso Grúas, la que fuera directora de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Rosario Hernández, la investigación entrará en una fase decisiva con el desfile de testigos. Y queda por resolver los recursos presentados ante la negativa de la jueza a llamar al anterior dueño de la empresa Autogrúas Poli, José Padilla, y a José Luis Tacoronte, quien luego la compró a los trabajadores que se la habían quedado.
Para la Fiscalía Anticorrupción, con María Farnés Martínez, al frente, esas declaraciones pueden ser determinantes, junto a la documentación pedida al Ayuntamiento, al Cabildo y a la administración estatal, para determinar si efectivamente en el caso Grúas se cometieron los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Respecto al primero, en su último escrito ante el juzgado, la fiscal señala que ve «numerosos indicios» y advierte de que en esa presunta prevaricación pudieron participar más personas de la estructura administrativa del Ayuntamiento.
Salvo un nuevo cambio en el listado de citaciones, el día 10 deberán declarar como testigos Estanislao González Alayón, director de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento de La Laguna; Ceferino José Marrero Fariña, director de la Asesoría Jurídica de la corporación lagunera; y Javier de la Cruz Aguilar, tesorero del Ayuntamiento desde 1998 hasta agosto de 2010. El día 11 será el turno de Rosa María Paz Pérez, jefa del Servicio de Seguridad Ciudadana y Movilidad; Pedro L. Campos Albarrán, jefe de Movilidad del Cabildo de Tenerife; y Manuel Ortega Santaella, director de Movilidad del Cabildo.
Se producirá entonces un parón de un mes hasta la siguiente tanda de declaraciones, de manera que el 8 de julio están citados Juan Ignacio Viciana, concejal de Podemos; Gustavo Matos, que fuera concejal del PSOE en La Laguna y ahora diputado electo, y Sara Gómez Loderios, directora de la Gestión Económico Fianciera del Ayuntamiento.
Un día después será el turno de Marta Rodríguez Gómez, jefa de la Sección de Contabilidad de La Laguna; Isabel Cubas, que fue directora de la Servicios Jurídicos municipales y un representante de la sociedad municipal Muvisa. Se da la singularidad de que Muvisa quedó hace menos de un mes en manos de la oposición, que es mayoritaria en el Ayuntamiento lagunero.
Sobre los gestores públicos pesará seguramente el relato que hace la fiscal Anticorrupción en su último escrito, en el que, al oponerse al archivo de la causa que había pedido José Antonio Choclán, abogado de Fernando Clavijo, advierte de que el Ayuntamiento debió suspender la concesión a Autogrúas Poli por la comisión de cuatro faltas graves y que la concesión de un préstamo por importe de 120.000 euros pudo constituir un delito de malversación de caudales. Para la fiscal, el primero de los hitos es el desencadenante del caso, pues constituirá una «prevaricación omisiva» -así lo definió en su escrito de marzo, al asumir el caso-, mientras que en el segundo agrega que el hecho de que la empresa Autogrúas Poli devolviese el dinero a las arcas municipales no anula el presunto delito. Tan solo elimina la responsabilidad civil.
Los denunciantes -Podemos y Por Tenerife [ahora convertido en Avante]- comparten casi al 100% el argumentario de la fiscal.
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