Recta final para el Estatuto del siglo XXI

13/09/2018

Más de tres años después de llegar al Congreso, la reforma de la máxima norma autonómica será hoy aprobada en pleno para pasar al Senado, con importante avances respecto a la propuesta inicial, como el anclaje del REF o el nuevo sistema electoral. Todo queda encarrilado para que entre en vigor antes de fin de año

Madrid

Cuando el pleno del Congreso apruebe hoy la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias habrán pasado tres años y cuatro meses desde que la propuesta del Parlamento regional llegó a la Cámara Baja para su tramitación, en abril de 2015. A falta únicamente de su paso por el Senado, donde no se prevén modificaciones, todo está encarrilado para que el nuevo Estatuto canario entre por fin en vigor antes de que acabe 2018, cumpliendo así el último plazo que se dieron los grupos parlamentarios.

No ha sido un trámite sencillo y en más de una ocasión ha sobrevolado sobre la negociación el fantasma de un nuevo fracaso, como el que por falta de consenso frustró el intento de reforma de 2006. Las sucesivas convocatorias electorales dejaron la nueva propuesta varada en un cajón hasta el 13 de diciembre de 2016, fecha en la que el Congreso tomo en consideración la iniciativa. Se escucharon entonces voces dispares pero en unánime apelación al diálogo y a la imperiosa necesidad de que Canarias se dote de un Estatuto de segunda generación -el vigente es de 1982- acorde a la realidad del siglo XXI.

Pero como en casi todas las ocasiones que a lo largo del proceso las fuerzas políticas han apostado por agilizar el debate, la reforma de la máxima norma autonómica cayó de inmediato en una fase de letargo. Hasta 28 ampliaciones del plazo de enmiendas tuvieron que acumularse para que un año después se reactivara el trámite parlamentario.

Primero la reforma se frenó para clarificar las dudas del anterior Gobierno de Rajoy sobre la constitucionalidad de algunas de las competencias que el texto otorga a la Comunidad Autónoma, como la capacidad del presidente del Ejecutivo canario de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, o la de emitir decretos ley en caso de urgente necesidad.

Más tarde llegaron los reparos de Hacienda al anclaje del REF, superados cuando el Partido Popular necesitó del apoyo de los nacionalistas canarios para aprobar los presupuestos generales del Estado y después se decidió acompasar el trámite con los trabajos el Parlamento canario sobre la reforma del sistema electoral, que desde el primer momento se erigió como principal escollo, para dar una oportunidad al acuerdo.

La ponencia del Estatuto se constituyó en el Congreso en diciembre de 2017 y se reunió por primera vez en enero de 2018. Llegó entonces otro periodo al ralentí, en el que los plazos optimistas iniciales se toparon de frente con el estancamiento de la política estatal ante el desafío soberanista de Cataluña, y a la evidencia de la lentitud del cribado de las enmiendas, agravada por el ritmo espaciado de las reuniones.

Tras meses de trompicones, los grupos parlamentarios aceleraron el ritmo a finales del pasado mes de mayo -en mitad de la crisis política que acabó con el PP fuera del Gobierno y con Pedro Sánchez en La Moncloa- en un intento de sortear un eventual bloqueo del Estatuto por la inestabilidad estatal. Finalmente el 29 de junio, justo antes del parón de verano, la Comisión Constitucional aprobó -con los votos a favor de PP, PSOE, CC y NC y la abstención de Unidos Podemos y Ciudadanos- el texto de la reforma que hoy se ve en pleno.

Mejoras.

Entre las mejoras incorporadas en el Congreso de los Diputados tiene singular peso propio la desvinculación de los recursos del REF del sistema de financiación autonómica, un logro histórico que ancla de forma permanente el fuero de las islas con el máximo rango legal e impide futuras interpretaciones arbitrarias en contra del derecho reconocido de Canarias a que se compense el sobrecoste de la lejanía sin merma de los fondos destinados a sufragar los servicios básicos esenciales.

La consideración de los recursos del régimen canario como no computables en el reparto estatal de los fondos para hacer frente a la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales ya quedó recogida en los Presupuestos de 2017 y en el REF económico, pero su reflejo en el Estatuto le da mayor rango jurídico.

El otro gran acuerdo gira en torno a la reforma del sistema electoral, que tras un intenso debate se incluyó en los términos pactados por PP, PSOE y NC en el Parlamento canario: ampliación a 70 escaños, un diputado más para la isla de Fuerteventura y lista autonómica de nueve diputados, además de la bajada de barreras al 15% insular y el 4% regional.

Se incorpora además un llamamiento al Parlamento autonómico para que en el plazo máximo de tres años tramite y apruebe una ley electoral en los términos establecidos en la disposición transitoria. El artículo 37 posibilita la ampliación futura del número de diputados hasta llegar a los 75 para corregir una eventual desproporción si crece la población sin restar escaños a ninguna isla.

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