Sin prisas con el Estatuto

Hasta el momento, desde que quedó constituida a mitad de diciembre, la ponencia del Estatuto solo ha mantenido dos reuniones de trabajo este año, la primera el 18 de enero y la última el 1 de febrero, en la que los diputados que la integran únicamente alcanzaron a ver el Título I del proyecto de ley. El optimismo inicial con el que los ponentes veían el objetivo marcado por el presidente de la Comisión, Jesús Posada, que los emplazó a tener listo el informe a final de febrero, se chocó pronto con el muro de la realidad: el cribado de las enmiendas es muy lento y el ritmo espaciado de las reuniones, sin calendario fijo, resulta insuficiente.

Después de la segunda reunión, de hecho, todos los partidos reconocieron la imposibilidad de llegar a tiempo y para evitar nuevos incumplimientos optaron directamente por no marcarse ningún nuevo plazo. Cinco semanas después aún no han conseguido ponerse de acuerdo en una próxima fecha para seguir adelantando los trabajos.

El motivo que aducen es la dificultad de coordinar las agendas. Buena parte de los ponentes tienen otras responsabilidades parlamentarias -Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC), por ejemplo, presiden respectivamente las comisiones de investigación sobre el rescate bancario y la financiación del Partido Popular- y el calendario de sesiones plenarias deja «pocos huecos» para convocar la ponencia del Estatuto.

Una de las opciones que barajaba era fijar una nueva reunión mañana martes 6 de marzo, pero al ser una semana sin pleno en el Congreso, algunos diputados ya tenían previstas actividades en las Islas y no hubo consenso para desplazarse a Madrid.

Con todo, la reforma del Estatuto acumula ya quince meses de espeso trámite en el Congreso, desde que superó la toma en consideración en diciembre de 2016 entre llamadas a la unidad, sin que de momento quepa pronosticar con un mínimo de aproximación cuándo podría salir aprobado de las Cortes en caso de que se alcance el necesario consenso.

En un primer momento la reforma se frenó para tratar de solventar las reticencias que planteaba el Gobierno estatal sobre la constitucionalidad de algunas de las competencias que el proyecto de ley otorga a la Comunidad Autónoma, de las que varias están aún por aclarar. Luego hubo que sortear los reparos iniciales que el Ministerio de Hacienda ponía al anclaje del REF y ahora la falta de impulso político hace que la reforma avance al ralentí, lo que de paso permite ganar tiempo a la espera de que sea posible cerrar en Canarias un acuerdo sobre la reforma electoral, que se presenta como principal escollo para la aprobación del Estatuto de Autonomía.