Rodríguez asegura que el decreto de licencias urbanísticas está negociado con la Fecam

El consejero de Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), ha asegurado que es más eficaz dar recursos a las comunidades para políticas de vivienda que la empresa pública estatal que planteó el Gobierno de España hace meses y que, según el Ejecutivo canario, ha paralizado acciones como la compra de activos de la Sareb por parte de las autonomías.

Rodríguez se ha expresado este martes en estos términos durante la comisión de Obras Públicas del Parlamento canario, y en respuesta a la diputada del Partido Popular Jennifer Curbelo, quien ha lamentado durante su intervención que el Gobierno de España no haya materializado «las 180.000 viviendas» prometidas en campaña electoral.

Rodríguez ha insistido en que desde 2023 les parece oportuno que las viviendas que pertenecen a la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) pasen a manos de las comunidades autónomas para que, a su vez, puedan ponerse en alquiler social para familias vulnerables.

En esa línea trabajaban, ha dicho, para comprar unos 300 inmuebles de la Sareb con ese fin, si bien ha aseverado que desde el anuncio del Gobierno de España de convertir la empresa pública Sepes en una empresa estatal de vivienda esas iniciativas de compra se han paralizado.

«Nos comprometimos a facilitar un plan donde anualmente adquiríamos vivienda, lo hicimos en el 2023 y en el 2024, pero todo ese plan se ha frenado. No nos parece adecuado, nosotros teníamos expectativas sobre la incorporación de esas 300 viviendas que pasarían a ser públicas», ha ahondado Rodríguez.

Ha subrayado que no le parece mal que administraciones como el Gobierno de España se impliquen para resolver el problema de emergencia habitacional, que es un problema europeo, ha agregado, pero ha pedido hacerlo con «eficiencia».

«En autonomías y ayuntamientos tenemos empresas ya constituidas, que ya funcionan, con experiencia en la promoción y gestión de viviendas públicas... Debería el Gobierno de España replantearse la opción y ver que es más eficaz dar medios y recursos a empresas públicas de las comunidades y ayuntamientos que crear una empresa de la que no sabemos nada y que ha paralizado acciones», ha resumido el consejero regional.

Por último, ha planteado que el Sepes, la empresa de gestión de suelo público reconvertida en empresa estatal de vivienda, cuenta con «suelos en lugares estratégicos que podrían ser de extraordinaria utilidad y que también han quedado paralizados».

Durante la comisión, el consejero también ha sido preguntado por el decreto ley para acelerar la concesión de licencias administrativas para construcción.

En concreto, la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha cuestionado si existe algún informe de la comunidad autónoma que corrobore que el retraso en las licencias constituye uno de los principales problemas a la hora de construir vivienda, y ha acusado a Coalición Canaria de querer que la labor de los funcionarios la usurpen entes privados.

Hernández ha defendido que el retraso en la concesión de licencias no es «la tónica general» de todos los municipios y ha dicho que a veces parece que se quiere responsabilizar a los ayuntamientos de todos los males de la vivienda.

En su turno, el consejero ha afirmado que la cuestión de las licencias es «un problema más» respecto a la falta de construcción de vivienda.

«No es el principal problema, en muchos ayuntamientos la obtención de licencias es un 'via crucis' que hace perder muchísimo tiempo a los promotores que quieren hacer vivienda protegida. Hay municipios que solo tienen un técnico municipal para esto», ha expresado Pablo Rodríguez.

Ha agregado que se han basado en informes de asociaciones de constructores y en consultoras, que apuntan a un retraso de una media de dos años pese a que el plazo legal para resolver una licencia es de tres meses.

«El Tribunal Supremo concluyó que la administración puede recurrir a otros organismos en circunstancias excepcionales cuando no hay medios técnicos. No estamos en ningún momento usurpando funciones», ha concluido

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