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«Menos burocracia, más vivienda» es el eslogan con el que el Gobierno de Canarias resume el Decreto ley que aprobó este lunes en Consejo de Gobierno para la «agilización de licencias urbanísticas y el impulso a la construcción de viviendas». El objetivo, explicó el consejero del área, Pablo Rodríguez, es reducir los tiempos en los que se otorgan los permisos de construcción, actualmente con una media de dos años, a seis meses. Y para ello, entre otras medidas, se permitirá que técnicos externos acreditados puedan rubricar los informes.
La norma, que ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Vivienda y la de Política Territorial, es fruto de un trabajo conjunto de meses en el que, dijo el consejero de esta última, Manuel Miranda, se ha dialogado con los ayuntamientos.
Medio año Es el objetivo que se ha impuesto el Ejecutivo regional para dar una licencia de obras.
Público-privada El nuevo decreto refuerza la colaboración entre promotores y administraciones públicas.
Befeficios fiscales Y urbanísticos para los promotores que impulsen vivienda asequible incentivada.
De comercial a residencial La norma permite el cambio de uso del suelo bajo condiciones de densidad y usos mixtos.
«Queremos dar una solución real a la concesión de licencias, que hoy, en muchos ayuntamientos, lleva tiempos muy amplios. La clave es el mecanismo de colaboración público-privada para la emisión de informes técnicos, que hasta la fecha solo realizan los servicios técnicos municipales», aclaró.
Con el Decreto ley, estos informes también podrán ser realizados por «colegios profesionales, medios propios personificados» —en relación con entidades y organismos públicos— o «entidades urbanísticas de colaboración acreditadas», explicó Miranda. Y matizó que, con todo, «la última palabra la tendrán los técnicos de los ayuntamientos», por lo que «no hay merma de competencias. Queremos garantizar la seguridad jurídica».
Rodríguez, por su parte, insistió en que esta medida «refrenda que este Gobierno está movilizando más instrumentos y herramientas que ningún otro antes» para «dar respuesta a la emergencia habitacional» que se vive en las islas.
Preguntado si con esta reducción de la burocracia no se podrían generar malas praxis, Rodríguez lo negó. «No estamos eliminando requisitos, estamos simplificando procedimientos para que no haya que esperar dos años por una licencia», dijo de forma rotunda. Además, señaló que en esta iniciativa Canarias sigue ejemplos como los de Madrid o Valencia, que lo han hecho «con un éxito importante, reduciendo los tiempos».
El consejero de Vivienda también destacó que se desarrollarán apoyos a la «vivienda asequible incentivada», una figura recogida en la ley estatal de vivienda pero que ninguna comunidad autónoma ha desarrollado hasta ahora. Canarias será la primera en dirigir sus políticas de vivienda también hacia las clases medias que no cumplen los requisitos para acceder a una vivienda pública o protegida. Por ello, se incentivará al promotor privado para que «incremente la oferta de vivienda de alquiler a precios asequibles».
La nueva normativa permitirá convertir suelos comerciales, industriales o terciarios sin uso ni viabilidad en suelo residencial, siempre que se cumplan unas condiciones de densidad y se mantengan los usos mixtos, con espacios para comercio, deporte, cultura, etcétera.
También se permitirá, en suelo urbanizable ya ordenado, iniciar las obras antes del desarrollo total. Es decir, «se podrá construir en suelos de urbanizaciones que no están totalmente desarrolladas», y a eso, dijo Rodríguez, hay que sumar la finalización de «edificios inacabados o urbanizaciones sin acabar», que es una «de las grandes apuestas» del Ejecutivo regional: que esas viviendas puedan destinarse a vivienda protegida.
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