Los hoteleros piden multas a las webs con ofertas ilegales

15/07/2017

Los hoteleros canarios ven con envidia la firmeza con la que Barcelona lucha contra la oferta ilegal de viviendas en alquiler turístico. La patronal de las islas reclama al Gobierno regional que también exija a las plataformas de comercialización que retiren los pisos que no estén registrados o se atengan a multas cuantiosas.

El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, Tom Smulders, tiene claro que el Ejecutivo canario «debe seguir el camino emprendido por el ayuntamiento de Barcelona» en la lucha contra la oferta ilegal de viviendas vacacionales. La corporación local que dirige Ada Colau cerró recientemente un expediente sancionador de 600.000 euros a Airbnb para forzar a esta compañía a que cumpliera la legislación y deje de ofertar pisos turísticos sin licencia. Y en respuesta, la comercializadora, una de las más importantes del mundo, se ha comprometido a retirar de la plataforma online todos los alojamientos turísticos que el Ayuntamiento de Barcelona les notifique que son ilegales. «Colau ha cogido el toro por los cuernos para acabar con la opacidad y el descontrol del flujo del dinero que genera la oferta ilegal», afirma Smulders.

El presidente de la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife Ashotel, Jorge Marichal, también entiende que en la modificación pendiente del reglamento canario del alquiler vacacional también deben contemplarse mecanismos que permitan imponer multas cuantiosas para las plataformas que publiquen viviendas sin la licencia oportuna.

«Estas plataformas son agentes turísticos, y por tanto no pueden publicar casas ilegales», explica Marichal. «Es más fácil para la administración pública controlar las ocho grandes webs comercializadoras que las 30.000 viviendas vacacionales contabilizadas oficialmente, y de las que por cierto, solo se han dado de alta el 10% en dos años», añade el representante de Ashotel. «No hablamos de economía colaborativa, sino sumergida, de gente que no quiere pagar impuestos y que ejerce una competencia ilícita sobre un sector hiperregulado cuyo control ha permitido convertir Canarias en uno de los destinos de más prestigio», añade.