Turismo

Canarias endurecerá las exigencias para el alquiler vacacional

21/06/2017

La Justicia ha dejado claro al Gobierno canario que no puede impedir el alquiler vacacional en las zonas turísticas, tal y como pretendía con la normativa autonómica. El plan b del Ejecutivo está meridianamente claro, y así se lo ha hecho saber a los cabildos: endurecer las exigencias para desarrollar la actividad.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Mariate Lorenzo, dejó este martes claro a los representantes de los cabildos con los que se reunió en la capital grancanaria que endurecerá la normativa autonómica que regula el alquiler vacacional ante la imposibilidad de prohibir este negocio en las zonas turísticas. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han tumbado varios preceptos de la regulación canaria aprobada en mayo de 2015, y entre ellos, el artículo que excluye la vivienda vacacional de las zonas turísticas y urbanizaciones mixtas turísticas-residenciales.

La normativa obligará a identificar a los alojados

Los recursos judiciales están permitiendo ganar tiempo al Gobierno de Canarias para intentar consensuar con los cabildos una nueva normativa que no infrinja la libertad de empresa y atente contra la libre competencia. Pero Lorenzo advirtió ayer que la modificación de la regulación conllevará, sí o sí, el aumento de las restricciones a la hora de alquilar las viviendas para garantizar la calidad de esa oferta y la seguridad en el destino.

La consejera regional explicó que sus técnicos ya han definido una serie de «retos» que ahora deben trasladarse a la normativa turística. Y aunque las medidas no se han concretado aún, sí destacó ante los periodistas, tras el encuentro con los representantes de los cabildos, que el nuevo reglamento deberá «garantizar la sostenibilidad del modelo turístico canario de manera que las exigencias se equiparen con el resto de la oferta de hoteles y apartamentos turísticos».

Con esta premisa por delante, Lorenzo adelantó que pondrán el acento en la regulación de las plataformas digitales que comercializan las viviendas vacacionales en el Archipiélago: «Vamos a incorporar requisitos de transparencia a las webs para conocer la identidad de los que se van a alojar en las viviendas vacacionales que ofertan para garantizar la seguridad». La norma, añadió, definirá también las exigencias para «el registro de esas viviendas a través de las plataformas». O dicho de otra manera, el Gobierno canario estudia cómo plasmar en la normativa la obligación de que las comercializadoras por Internet sólo puedan publicar ofertas de pisos que estén dados de alta.

Lorenzo está convencida de también de que se debe fijar la capacidad de carga del alquiler vacacional en cada municipio.

En este sentido, afirmó que será de gran ayuda la ley canaria del suelo que está a punto de aprobarse y que contempla «que se regulen los usos del suelo a través de ordenanzas insulares y municipales».

Apoyo del Cabildo grancanario

La consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, también se mostró a favor de modificar la normativa que regula el alquiler vacacional de manera que garantice «la seguridad y la calidad de la oferta del destino».

Jiménez, que participó junto a los representantes de otros cabildos en una reunión con la consejera regional de Turismo, Mariate Lorenzo, reconocía así la coincidencia con muchos de los postulados del Gobierno canario para fiscalizar un fenómeno, el alquiler vacacional, «que está afectando a todas las Islas, pero sobre todo a las que más visitantes reciben».

«La confluencia de competencias en materia turística entre el Gobierno de Canarias y los cabildos obliga al Ejecutivo autonómico a que atienda al posicionamiento de las corporaciones insulares, sobre todo a la hora de regular la actividad de la vivienda vacacional».

Jiménez reconoció que coincide plenamente con el Ejecutivo regional en la necesidad de que la regulación autonómica garantice, por ejemplo, «que los cuerpos de seguridad conozcan la identidad de los usuarios del alquiler vacacional»; y sobre todo que la actividad se desarrolle en igualdad de condiciones con los alojamientos tradicionales en materia fiscal y laboral».