El TSJC anula varios preceptos del decreto canario de alquiler vacacional

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado en parte los recursos presentados por la Federación Española de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMP) al decreto 113/2015, aprobado por el anterior Gobierno autónomo que presidió Paulino Rivero (CC).

La sentencia anula los artículos 3.2, 12.1, 13.3, por subordinar la entrega de documentación para el inicio de la actividad a la inscripción en un registro, así como el subapartado tercero del apartado IV del anexo 2 del decreto, según el fallo de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

En relación al artículo 3.2, referido a la exclusión de la vivienda vacacional con fines turísticos, el tribunal cree que constituye una "falacia", ya que las zonas turísticas se establecen sobre territorios en los que previamente pueden haberse implantado usos residenciales.

"La aspiración de usos según zonas que tratan de promover las distintas leyes en materia turística no es sino una aspiración, pero dista mucho de ser una realidad", señala en sus fundamentos la sala, que también considera "inconsistente" que se pretenda una normativa que exija que "los hoteles de ciudad se sitúen las ciudades o que el turismo rural se implante en el campo".

Según el tribunal, la Ley de Turismo de Canarias no habilita al reglamento al establecer una modalidad de alojamiento turístico que únicamente se pueda desempeñar fuera de las zonas turísticas, sino que determinadas ofertas de turismo alojativo sean sometidas a estándares menos exigentes por estar fuera de esas áreas.

Excluir la oferta de viviendas vacacionales de las zonas turísticas o de aquellas de uso mixto donde se tratan de localizar predominantemente los usos turísticos, "carece de cobertura legal" en la Ley de Turismo, señala la Sala, que además entiende que el reglamento "infringe claramente la libertad de empresa y de prestación de servicios limitando la oferta turística sin justificación eficiente.