«Están haciendo las compras a través de un intermediario y pagando el doble del precio real»

Así lo señaló en conversaciones y mensajes que intercambió con personas interesadas en ofrecer sus servicios alGobierno de Canarias.

CANARIAS7 ha accedido a ese y otros mensajes similares, así como a testimonios de empresarios que confirman que el Servicio Canario de Salud pagaba precios muy por encima de la media a sabiendas de que en las operaciones había comisionistas. Así como que daba por bueno contratar con empresas sin experiencia en el mercado sanitario, fiándolo todo al compromiso verbal de que tenían acceso a los mercados internacionales.

¿A través de quién entraban en contacto las empresas o los intermediarios con el Servicio Canario de Salud? Conrado Domínguez. Su nombre aparece en los mensajes a los que ha accedido este periódico, tanto algunos enviados directamente a él como entre empresarios que también aspiraban a contratas y que recibían respuestas como esta de Christian Cerpa: «Conrado te dirá que le pases la información y luego no te volverá a contestar».

En marzo de 2020 Conrado Domínguez había sido incorporado al comité de gestión de la crisis sanitaria que había creado el entonces presidente, Ángel Víctor Torres.

Funcionario con plaza en el Servicio Canario de Salud, había dirigido ese organismo en el Gobierno de Fernando Clavijo, cuando los socialistas salieron del Ejecutivo.

PSOE, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera dieron por bueno que Domínguez estuviese en el comité de gestión porque entendían que atesoraba experiencia en la gestión y podía resolver uno de los problemas más acuciantes: la falta de material sanitario. Podemos fue el único de los partidos del Pacto de las Flores que dejó constancia, tanto interna como públicamente, de su rechazo a fichar a alguien a quien identificaban con la etapa presidencial de Clavijo y con la defensa a ultranza del sector sanitario privado.

La llegada de Domínguez al comité de gestión también generó serias discrepancias con la consejera socialista de Sanidad Teresa Cruz, que fue cesada por Torres, un cese que llegó acompañado del de Blanca Méndez al frente del SCS.

Hasta Conrado Domínguez llegaron muchas propuestas de contratos y él las trasladó a SCS, con Ana María Pérez, entonces directora de Recursos Económicos, como la encargada de dar forma a los contratos.

Tres de esas operaciones están judicializadas: la de la empresa RR7 a través de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que instruye la Fiscalía Europea tras asumir la competencia; la de la empresa vinculada a Koldo García, el que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, que sigue su curso en la Audiencia Nacional; y la delcaso Damco, que se instruye en el Juzgado número 5 de la capital grancanaria tras la querella por presunto fraude a la Hacienda pública. Es en esta tercera en la que está querellado Christian Cerpa.

Pocos días después del envío de aquel mensaje, Christian Cerpa se involucra en el engranaje para traer material sanitario, utilizando, según el relato de la Fiscalía, una intermediación que abandera el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Fue el 22 de abril de 2020 cuando la sociedad B&M Sport (propiedad de Lucas Bravo de Laguna) y Christian Cerpa firman un contrato por el que este último, según el relato de la fiscal Evangelina Ríos, «se debe encargar de supervisar el material sanitario, contacto con proveedores, recopilación de información técnica y certificaciones sanitarias, supervisión del transporte, etc.»

El 24 de abril de 2020, Damco, una empresa con experiencia en los suministros sanitarios, sella un contrato con la sociedad Tabaiba, de Miguel Ángel Ramírez, por el que esta «se encargaría de la realización de las gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de los productos sanitarios e higiénicos para Canarias en exclusiva. Tabaiba localizaría a los clientes potenciales para la venta de los lotes de productos». La Fiscalía agrega en su querella que «la comisión a percibir por Tabaiba, según se dice en el contrato, sería del 100% del sobreprecio que Tabaiba obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para cada uno de los lotes de los productos».

A su vez, Tabaiba pagaba B&M Sport, el 33% «del importe de la factura que perciba Tabaiba de Damco». La Agencia Tributaria, pese a solicitarlo, no ha conseguido documentación alguna que acredite la realización por parte de B&M Sport de las labores de gestión que tenía encomendadas.

La Fiscalía subraya que la intervención de B&M Sport, Tabaiba y Christian Cerpa no eran necesarias, pues Damco hacía todo el trabajo, asumiendo también «el riesgo en caso de que el material no llegara o llegara defectuoso».

Al respecto, la Agencia Tributaria es la que apunta que la operativa descrita obliga a no descartar que pudieran haberse cometidos delitos de blanqueo de capitales, corrupción y delitos de malversación.

Respecto al supuesto delito fiscal, la querella cifra lo defraudado por Miguel Ángel Ramírez en 2,9 millones de euros (montante total de los años 2020 y 2021); en el caso de Christian Cerpa se trataría de 138.750 euros en 2020 y 187.258 euros en 2021; y en cuanto a Lucas Bravo de Laguna, serían 269.779 euros en 2020 y 248.268 euros en 2021.