Investigan a Ramírez y Bravo de Laguna por fraude fiscal en la venta de material covid al SCS

Según el documento al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, el Ministerio Público pone la lupa en las ganancias que ingresaron los investigados por parte directa de la concesionaria de los contratos por la vía de emergencia, una suma que ascendió a los 9,4 millones de euros.

La querella la interpuso la fiscal Evangelina Ríos, delegada de Delitos Económicos, el 5 de diciembre de 2023 tras unas diligencias preprocesales en las que la Fiscalía Provincial se inhibió y remitió el expediente a Anticorrupción -primero- y a la Fiscalía Europea -segundo-. Ésta última devolvió las diligencias a Las Palmas, que interpuso querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en auto de 7 de febrero de 2024.

El punto de partida fue una investigación de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado. «Ninguno de los perceptores de los importes transferidos (...) justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los cuantiosos ingresos de los que fueron beneficiarios», argumentó la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos, entre otro material sanitario durante la época en la que fueron directores Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez.

La magistrada Ana Isabel de Vega Serrano sostiene que los hechos querellados en este caso Damco pueden ser constitutivos de delitos de contra la Hacienda Pública, «sin perjuicio que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de otros delitos de blanqueo de capitales, corrupción y malversación». Todo ello con el eje central de los suministros de material sanitario contratados por el SCS a Damco Trading Services y Tanoja Services en los años 2020 y 2021.

Noel Jammal Fernández es quien aparece como administrador único de las dos investigadas Damco Trading Services y Tanoja Services y que tienen domicilio fiscal en Madrid.

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna, presidente del partido Unidos por Gran Canaria, son administradores de dos empresas -Tabaiba y B&M Sport Marketing, respectivamente- a las que Damco Trading Services y Tanoja Services transfirieron cantidades económicas como compensación de actividades de intermediación.

A Christian Cerpa Espino, que es vocal de Unidos por Gran Canaria, también le relaciona la Fiscalía con el destino final del dinero presuntamente malversado por los tres anteriores.

Según la querella, el 24 de abril de 2020 Tabaiba y Damco, firmaron un contrato anual que tenía por objeto «la realización de gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos para Canarias en exclusiva», por el cual la empresa de Ramírez «localizaría posibles potenciales clientes para la venta de los lotes de productos», percibiendo por ello una comisión del 100% del sobreprecio que «obtuviera de los eventuales compradores».

Tabaiba asumiría las funciones de «recepcionar las mercancías, evaluar la calidad y cantidad de las mismas con la distribución y entrega de productos a los clientes de Damco», relata el auto. Posteriormente, la propia Tabaiba «manifestó que no se trataba de conseguir clientes, sino recepción de mercancías, evaluación de la cantidad y calidad de las mismas para finalizar con la distribución y entrega de los productos a los clientes de Damco», añade la fiscal.

Para tal fin, Tabaiba contrató a la empresa de Bravo de Laguna, B&M Sport Marketing SLU, constituida en el año 2015, para «a través de B&M Damco», traer a Canarias el material sanitario «que había concertado Tabaiba con Damco», es decir, se encargaría de la «recepción, distribución de los productos y control de la mercancía hasta su entrega, por el precio del 33% -Igic incluido-, del importe que Tabaiba perciba de Damco».

Por último, para cerrar el presunto entramado delictivo, Bravo de Laguna firmó un contrato con el vocal de Unidos, Christian Cerpa, el 22 de abril de 2020, por el que éste se encargaría de la «supervisión del material sanitario» contactando con «proveedores autorizados», el «seguimiento del transporte, supervisión en destino, gestión de retirada y restitución de material defectuoso, percibiendo la cantidad que se establezca en cada operación».

Como consecuencia de toda esta intervención de empresas y según la Fiscalía, en 2020 Damco recibió del SCS un total de 15.891.610 euros por material sanitario. Damco a su vez, transfirió 4.589.085,24 euros a Tabaiba por la intermediación, de los que transfirió a B&M Sport 1.294.385 euros. Por último, la empresa de Bravo de Laguna pagó a Christian Cerpa 286.401,04 euros.

En 2021, Damco obtuvo del SCS 2.786.000 euros y abonó a Tabaiba 2.338.000 euros y a Cerpa 280.400 euros. En ese mismo ejercicio, la Sanidad canaria contrató también el suministro de material con Tanoja Services, -propiedad de nuevo de Noel Jammal-, y recibió 4.230.000 euros de los que transfirió a Tabaiba 2.196.000 euros.

Por último, Ramírez a través de Tabaiba abonó a B&M Sport 1.059.349 euros y esta entidad a Cerpa 295.431,63 euros.

Según la querella, no quedó acreditado documentalmente en la fase preprocesal «que Tabaiba, B&M Sport o Christian Cerpa hubieran «realizado actividad alguna con relación a las ventas de productos sanitarios al SCS», ni que tampoco «tenían experiencia alguna en este sector o capacitación con relación al material sanitario», apuntan.

La fiscal Ríos sostiene que, según los antecedentes constatados por la Agencia Tributaria (AEAT), la intervención de Tabaiba, B&M Sport y Christian Cerpa «no era necesaria», ya que Damco «contrataba directamente con el SCS el transporte de las mercancías hasta Canarias» y el almacenamiento del material sanitario en las islas fue abonado por el SCS a una tercera empresa llamada Dronas 2002, que era «la que también se encargaba de la recepción de las mercancías, control y chequeo de las mismas y su distribución a los Centros de Salud».

Eran en ese momento los empleados de Sanidad «los que daban la conformidad final tanto a la calidad de las mercancías como a que el número de productos coincidiera con el encargado». Damco era quien «asumía el riesgo» en caso de que el material no llegara o fuera defectuoso.

Además, insiste la querella, Tabaiba, B&M Sport y Christian Cerpa «carecían de activo y de personal para desarrollar la actividad supuestamente realizadas, además de tener objetos sociales distintos» al comercio de material sanitario.

Evangelina Ríos lanza cuatro preguntas para averiguar por qué entonces participaron en las operaciones los investigados Ramírez, Bravo de Laguna y Cerpa si Damco era autosuficiente.

«Ante la falta de una explicación plausible respecto de cuál ha sido el motivo de cada factura relativa a los importes percibidos por Tabaiba procedente de Damco», a Ríos le resultó «evidente» que no se «trataba de rentas procedentes del desarrollo de una actividad empresarial o profesional acogibles a la RIC», ni de «cantidades satisfechas por una actuación de las personas jurídicas interpuestas».

A su juicio, fue el «mero cobro de los fondos públicos» de comisiones por parte de estas «tres personas físicas», «cuyo verdadero papel en la adjudicación de los contratos públicos con el SCS no consta documentado».