Caso Damco: 3,7 millones en supuestas cuotas defraudadas

Sostiene esta parte en este caso Damco que Cerpa defraudó presuntamente «mediante el acogimiento improcedente a la RIC», mientras que Bravo de Laguna lo hizo gracias a «la interposición artificiosa de una persona jurídica» y, por último, en el caso de Ramírez por la «utilización simultánea de ambos mecanismos defraudatorios».

Las cantidades supuestamente defraudadas que estiman los técnicos ascienden a 2,996.910 euros por Ramírez, 518.047 por Bravo de Laguna y 326.975 por parte de Cerpa.

La querella expone que el papel de Tabaiba Capital, propiedad de Ramírez, «obedece una simulación subjetiva creada de propósito para eludir la tributación en el IRPF» del presidente de la UD Las Palmas, que calificaba «como ganancias patrimoniales» los dividendos obtenidos.

Los mismos ascendieron a 3.294.700,24 euros en 2020 y 3.474.651 euros en 2021, «por la diferencia entre los ingresos percibidos de Damco y Tanoja Services y los pagos efectuados a B&M Sport».

Las «rentas atribuibles» a Ramírez generadas en Tabaiba, fueron incluidas -sostiene el Ministerio Público- en sus declaraciones de los ejercicios 2020 y 2021, una operación que generó unas supuestas cuotas defraudadas «por la persona física» que ascendieron a 1.454.995,92 euros en 2020 y 1.541.915,95 en 2021.

Entrando en el detalle, de B&M Sport Marketing comprobaron que estaba participada desde el 11 de mayo de 2018 al 100% por la sociedad Jedisly, SLU cuyo socio y administrador único era también el presidente de Unidos por Gran Canaria.

La sociedad carecía de trabajadores desde mayo de 2018 y Bravo de Laguna Cabrera percibió un sueldo de su propia empresa que ascendió a 38.160,12 euros en 2020 y 47.109,07 en 2021.

Los únicos activos de la mercantil consistían en un portátil, un iPad y una vivienda que arrendó a sí mismo por 1.800 euros mensuales.

«Estos elementos ponen de manifiesto que el obligado tributario utiliza la sociedad que controla como vehículo para canalizar rentas generadas por él». Las mismas partían de su cargo como director comercial de la Unión Deportiva Las Palmas, presidida por Ramírez. Bravo de Laguna «canalizó esos ingresos facturando a través de su sociedad B&M» para «eludir su tributación por IRPF».

A juicio de la AEAT, «dichas rentas» debían calificarse «no como rendimiento de actividades económicas, sino como rendimientos de trabajo, al no asumirse ningún riesgo empresarial, por tratarse de una especie de retribución fija todos los meses por un importe de 9.000 euros en 2020 y 2021».

Su vinculación con la política y trabajando en la UD Las Palmas, para la Fiscalía, «podría explicar» que Bravo de Laguna prefiriera «aparentar que dichos servicios» se prestaban «por una entidad», en vez de «aparecer directamente como asalariado de la Unión Deportiva Las Palmas».

«Habría obtenido ingresos presuntamente relacionados con unas operaciones de gestión en el suministro de material sanitario» a través de una mercantil que «no tenía ningún tipo de estructura y no intervino en las operaciones analizadas», ya que, insiste la querella, «únicamente se produjo un contacto entre el político y otras personas conocidas para el suministro de material sanitario entre Damco y el Servicio Canario de Salud».

La AEAT cifra el importe defraudado en el IRPF por Bravo de Laguna en 269.779,09 euros en 2020 y 248.268 en 2021.

Por último, Cerpa declaró la renta como «rendimiento de actividades económicas», alega la Fiscalía, acogiéndose de esta forma al beneficio fiscal de la RIC. Practicó una deducción de 115.150 euros por dotaciones a la RIC en su declaración de 2020 y de 188.217,50 euros en 2021.

Sin embargo, la renta obtenida por Cerpa, «supuestamente relacionada con las operaciones de suministro y venta de material sanitario por parte de Damco al SCS» no tenían la «naturaleza de actividad económica». El motivo argumentado por esta parte es que su actuación se limitó «a contactar con Damco y a acudir en ocasiones puntuales al almacén donde se encontraban las mercancías».

Por ello, la AEAT procedió a recalificar su renta como ganancia patrimonial y no como rendimiento de actividades económicas, lo que implica que no tendría derecho a utilizar un incentivo aplicable por un establecimiento radicado en Canarias.

Las cuotas a ingresar por el portavoz de Unidos por Gran Canaria que figuran en el acta de inspección -tras excluir gastos que no consideraron los inspectores afectos a la actividad», fueron de 138.750,44 euros en 2020 y 187.258,04 en 2021.