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Las operaciones que centran la querella se hicieron en la etapa en que Olivera, Pazos y Domínguez dirigieron el SCS. Arcadio Suárez / Efe
Nueva querella de la Fiscalía por las compras de material sanitario en Canarias en la pandemia

Nueva querella de la Fiscalía por las compras de material sanitario en Canarias en la pandemia

La querella se dirige contra los empresarios Noel Jammal Fernández, Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna y Christian Cerpa

Efe/CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 27 de febrero 2024, 17:23

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La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de 22,9 millones de euros.

En un comunicado remitido a EFE, la portavoz del Ministerio Público ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a trámite esta querella, que gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.

Las operaciones se realizaron siendo directores del Servicio Canario de Salud Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez.

La querella de la Fiscalía Provincial se dirige contra empresarios de península y Canarias identificados como Noel Jammal Fernández, Miguel Ángel Ramírez Alonso (presidente de la Unión Deportiva Las Palmas), Lucas Bravo de Laguna Cabrera (director comercial de la UD Las Palmas) y Christian Cerpa Espino.

Noel Jammal Fernández aparece como el administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, y que tienen domicilio fiscal en Madrid.

En cuanto a Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna son empresarios canarios a los que la Fiscalía vincula a dos entidades mercantiles a las que presuntamente se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services.

Al cuarto querellado, Christian Cerpa, también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.

Ramírez asegura que no vendió material alguno al SCS, sino que su papel fue de intermediario

En declaraciones a este periódico, Miguel Ángel Ramírez señaló: «Estoy muy tranquilo y cuando llegue el momento procesal oportuno, demostraré que no he cometido ningún delito fiscal. También quiero dejar claro que no se está investigando ninguna operación con el Servicio Canario de Salud puesto que todas las operaciones, realizadas hace años, llegaron a buen fin, se entregó la mercancía y el Servicio Canario de Salud pagó las facturas«.

El empresario ha asegurado que él no vendió material alguno al Servicio Canario de Salud, sino que su papel fue de intermediario en la operación, como representante en las islas de Damco Trading Services y Tanoja Services, sociedades de Noel Jammal Fernández, en una operación para la que subcontrató a Bravo de Laguna y Cerpa.

La Fiscalía inició estas diligencias de investigación penal a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de Covid-, entre otro material sanitario.

Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos.

Ello motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta decidió que la investigación siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, han precisado fuentes del Ministerio Público.

Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado'Caso Koldo', también por la compra de cubrebocas.

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