Los contratos de la trama en Canarias se modificaron para «dar cobertura justificativa»

En dicho informe se trata de desentrañar la «justificación de por qué se decidió contratar con Soluciones de Gestión». En el documento se alude a un contrato por importe de 5 millones de euros para la compra de mascarillas; una parte de ellas no se ajustaban a la calidad acordada y es entonces cuando, según la Guardia Civil, se hicieron otros contratos «para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente».

Desde las filas del anterior Gobierno de Canarias se asegura que toda la tramitación fue correcta y que no alcanzan a comprender las valoraciones de la Guardia Civil.

También apunta la Guardia Civil que «se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato».

Otro de los aspectos que llama la atención a los investigadores es el hecho de que, una vez detectada una partida de mascarillas que no concuerda con el pedido inicial, se ofrece a la empresa una segunda oportunidad. Cabe señalar que no se dio el mismo trato a otras empresas, y entre las que sí tuvieron esa oportunidad se encuentra, además de la investigada por la Audiencia Nacional, la compañía RR7, que recibió cuatro millones de euros para la entrega de un millón de mascarillas. Ese material nunca fue entregado y ese caso centró una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas que se sigue instruyendo en la Fiscalía Europea.

En relación con la investigación, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió ayer su gestión como presidente de Canarias en la compra de mascarillas y dijo, en relación con el caso Koldo, que si alguien se ha lucrado, se ha corrompido, «que lo pague».

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro explicó que en aquel momento, en el estallido de la pandemia de covid, cuando estaban «desesperados» entre otras cosas buscando material de protección, les llegaban propuestas «de todos lados» y se habló con compañeros de partido, políticos, alcaldes y empresarios.

No especificó, ni negó, al ser preguntado directamente, si le llamaron el exministro y ya exdiputado socialista José Luis Ábalos o su asesor entonces Koldo García para recomendarle la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas, con la que finalmente contrató el Gobierno de Canarias.

Sí subrayó que esa empresa, «que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transportes», recordó, fue una de las que hizo una oferta, que, como en todos los casos, se envió al servicio técnico que validaba las propuestas antes de firmar los contratos.

Añadió además que ese expediente, también como los demás, se remitió a la Audiencia de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, que no detectaron «absolutamente nada». Dicho eso, Torres afirmó que «si alguien de manera ilegal se ha beneficiado, se ha lucrado, que lo pague con toda la fuerza de la ley» y, por su parte, se mostró dispuesto a que le pregunten «donde quieran, como quieran y de lo que quieran», en relación con las posibles comisiones parlamentarias de investigación sobre este asunto.