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La primera manifestación contra la implantación de la MetroGuagua en la capital grancanaria congregó a unas cuarenta personas en la confluencia de la avenida José Mesa y López y la calle Galicia, donde se unen dos de los tres tramos que la guagua exprés tiene en obras en estos momentos.
La protesta reunió a representantes vecinales de Alcaravaneras, Ciudad Jardín y la Vega de San José, así como varios colectivos de taxistas, sin contar a ciudadanos que se sumaron a la convocatoria hecha por la plataforma contra la MetroGuagua.
Se trata de la primera comprobación de fuerza del colectivo, pero no la última. Su portavoz, Mario Hernández Sanginés, aseguró que habrá nuevas movilizaciones, hasta siete programadas de momento, a lo largo de todo el recorrido por el que discurrirá la MetroGuagua, el sistema de transporte público de alta capacidad que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está implantando en la zona baja de la ciudad gracias a una inversión que rondará entre los 110 y los 127 millones de euros.
Hernández Sanginés reconoció que la hora de la convocatoria había pasado factura a la protesta, pero indicó que fue la que permitió la Delegación del Gobierno para autorizar la concentración. «Es un horario fatal y mucha gente no ha podido venir», indicó.
En todo caso, la plataforma contra la MetroGuagua no se desanima y anuncia que va a mantener también abiertos el frente judicial para tratar de conseguir paralizar la obra de la guagua rápida.
Así, una de las vías anunciadas por Hernández Sanginés es la posibilidad de denunciar al grupo de gobierno municipal por un supuesto delito de prevaricación. Además, el ingeniero Fermín Monzón aseguró que se va a poner en conocimiento de la Unión Europea el hecho de que el proyecto de la MetroGuagua carezca de un estudio de rentabilidad social. Los integrantes de la plataforma consideran que el BRT (siglas en inglés del Bus Rapid Transit) capitalino debería ser sometido a un examen similar al que pasó el AVE en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y que concluyó que no se midió bien el beneficio de la alta velocidad en relación con su coste, y criticó que su implantación se debió más a criterios políticos que técnicos.
Durante la protesta, la Policía Local se acercó a los manifestantes para pedirles que se movieran por la rambla puesto que habían recibido muchas quejas vecinales por el ruido de los tambores y los pitos. Esto fue interpretado como «un intento de coacción» por parte de uno de los asistentes, Rogelio García, quien se quejó de que «la obra hace mucho más ruido y no viene la policía».
En general, la preocupación compartida de los manifestantes era la relativa al tráfico. «El Ayuntamiento dice que la MetroGuagua favorece la movilidad pero no es verdad porque si quitan carriles», dijo Antonio del Rosario en relación a la prohibición de la circulación por Mesa y López, «en términos generales se van a producir más atascos». Por eso, concluye, «será mejor para la MetroGuagua y peor para el resto».
También mostraron su preocupación representantes del sector del taxi, presentes a través de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc) y de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias.
La primera de ellas distribuyó una nota en la que mostraba su preocupación por la exclusión del taxi de los planes de movilidad y su condena a quedar embotellados en carriles sin preferencia de paso.
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