El día que derrapó la MetroGuagua

06/05/2018

Obras que sorprenden a los ciudadanos, quejas del taxi y falta de participación han terminado por convertir un proyecto incontestable, como el de la implantación de la MetroGuagua, en un elemento de discusión ciudadana que ha conseguido a agrupar a sus críticos en una plataforma.

La MetroGuagua nació de modo oficial en octubre 2006. Entonces, el experto en movilidad con más de cuarenta años de experiencia en este campo, Ricardo Ramírez, apuntó la necesidad de que la ciudad dispusiera de un transporte rápido de alta capacidad, algo que asumió el entonces candidato socialista, Jerónimo Saavedra, bajo el nombre de guagua exprés. Se proponían tres líneas que conectaban la plataforma baja y la ciudad alta. El PP hereda la idea y en 2015 la transforma en un anteproyecto que se ciñe a la ciudad baja. Y el tripartito es el que empieza a ejecutarlo.

Son las primeras obras las que empiezan a levantar ampollas. Hace ahora un año, los vecinos de Ciudad Jardín y Alcaravaneras alzan la voz y empiezan a aglutinar un rechazo que se alimenta de desinformación, incertidumbre y dudas sobre los procedimientos seguidos por el Ayuntamiento, lo que cristaliza en la constitución de una plataforma contra la MetroGuagua, el nombre con el que finalmente queda bautizado el proyecto de guagua exprés.

Mario Hernández Sanginés, un político retirado del Partido Popular, se ha convertido en el portavoz de todo el malestar que genera el proyecto. «No tenemos adscripción política», aclara, «otra cosa es que haya gente de todas las tendencias políticas». En su opinión, las debilidades del proyecto pasan por la falta de control político -no ha pasado por pleno- y el hecho de que no se haya dejado opinar a los ciudadanos sobre el planteamiento. El malestar es tal que ha terminado por transformarse en una demanda judicial.

A ello añade Beatriz Correas, portavoz municipal de Ciudadanos, los problemas de gestión de la obra, como el hecho de que se anunciara a bombo y platillo el inicio de los trabajos y pasaran semanas antes de que se moviera la primera piedra en Pío XII; o que los vecinos se encontraran con calles cerradas de un día para otro sin aviso previo en todo el entorno de Ciudad Jardín.

Correas encarna como pocos el cambio de actitud respecto a la MetroGuagua. El voto de su grupo permitió la celebración de un pleno que tramitó la solicitud de crédito al Banco Europeo de Inversiones por valor de cincuenta millones de euros. Ahora es la voz más crítica con la gestión del proyecto. «No estoy en contra de la MetroGuagua como transporte de alta capacidad sino de cómo se ha gestionado la idea», explica, «el ejemplo más claro de esto es el tramo que se está ejecutando en Pío XII-Galicia, que pasó de 600.000 euros en el anteproyecto del PP a 1,6 millones de euros ahora». Para ella, «todo se está haciendo a golpe de improvisación».

Sin noticias del tripartito.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha querido participar en este reportaje para defender su gestión porque considera que debe evitar la confrontación en este asunto. Y eso pese a que ha terminado contratando a una empresa privada de comunicación para manejar la situación. A través de ella este periódico conoció que el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, declinaba el ofrecimiento para que diera su versión.

Quien no tiene problemas en defender la MetroGuagua es Ricardo Ramírez, que fuera jefe de transporte de la familia olímpica en Barcelona 92. «El rechazo al proyecto es un debate de intereses en el que se puede identificar a taxistas, importadores de vehículos o el grupo del no», explica. En todo caso, también cree que el gobierno local se ha equivocado «porque ha estado haciendo propaganda en vez de ofrecer información» y porque «es un grave error confundir el desarrollo urbanístico de la ciudad con la MetroGuagua».

En efecto, el grupo de gobierno ha terminado por vincular las grandes transformaciones urbanas a la MetroGuagua, como ocurre con el Guiniguada.

Esto también ha generado las críticas del Partido Popular, que entiende que la guagua exprés no puede ser el escudo del tripartito (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) y el remedio a cualquier denuncia o demanda ciudadana.