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En torno a un 25% de todos los demandantes de pisos protegidos de promoción que hay en Canarias es vecino de la capital grancanaria. Las instituciones tienen la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna a un total de 4.727 personas que configuran las listas de demandantes de las diferentes modalidades de vivienda protegida.
De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, del conjunto de 4.727 demandantes, un total de 3.437 ciudadanos optan a un piso protegido de promoción pública en la modalidad de alquiler; otros veintidós demandan una vivienda protegida de promoción pública en la modalidad de propiedad; unos 610 reclaman una vivienda protegida de promoción privada en régimen de alquiler; y los últimos 658 optan a una vivienda protegida de promoción privada en propiedad.
Con este nivel de demanda, y centrando el foco en los 3.459 demandantes de pisos de promoción pública, la disponibilidad de suelo que ofrece la capital grancanaria para la construcción de viviendas públicas alcanza solo el 3% de las necesidades reales de acceder a una casa. Hay que recordar que el Gobierno de Canarias solo tiene a su disposición tres solares para la construcción de viviendas: uno en la Vega de San José para unas veinte casas; otro en Las Mesas, para unos cincuenta; y un tercero en la calle Reyes Católicos, en Vegueta, con capacidad para albergar unas treinta.
La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ha iniciado ya el procedimiento para la redacción de los proyectos de las tres promociones de vivienda pública, con lo que se espera que este mismo año se saque el concurso de la obra. La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, dijo a este periódico que confiaba en que se pudiera adjudicar este año.
El problema es que ni siquiera con los cálculos hechos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguraba haber puesto a disposición del Ejecutivo suelo suficiente para la construcción de unas 2.000 viviendas, se podría cubrir todas las necesidades de vivienda pública que tienen los ciudadanos de la capital.
El Gobierno de Canarias es la institución que tiene las competencias para construir el parque público de viviendas, pero para ello necesita de la cesión gratuita de suelo por parte de los diferentes municipios.
En los últimos diez años, el Ejecutivo autónomo no ha construido ni una vivienda pública como consecuencia de la crisis y los recortes económicos, que privaron al Ejecutivo autónomo de un plan de financiación estable para acometer la construcción de viviendas.
Las dos últimas promociones entregadas en la capital grancanaria fueron puestas a disposición de los beneficiarios en 2015: una en Las Torres, con 57 pisos; y otra en Jinámar, con 58.
El impulso de nuevas promociones de vivienda protegida necesita de la colaboración del Consistorio capitalino para la cesión de suelo. Hasta el momento, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, se ha negado a ceder más fincas al Gobierno de Canarias hasta que no se concreten los proyectos en el nuevo plan canario de vivienda, ya que hacerlo sin fechas de actuación podría acabar retrasando los planes de reposición que hay en marcha.
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