La ciudad tiene suelo para unas 8.000 viviendas protegidas

20/01/2019

El Ayuntamiento tiene a disposición del Gobierno una superficie que le permitiría iniciar la construcción de 2.000 pisos. Tamaraceite o Jinámar son algunos de los lugares con reserva de suelo. No se ofrece más porque podría frenar las reposiciones de barrios como Las Rehoyas.

Casos como el de María del Pino Santana, la joven que se enfrentaba a un desahucio por impago del alquiler, que la empujaba a la calle junto a su hijo de cinco años, vuelven a poner de relieve la necesidad de que se articule una política pública de vivienda. En el caso de la capital grancanaria, las dos últimas promociones de pisos sociales entregadas por parte del Gobierno canario -el organismo con esta competencia en la comunidad autónoma- fueron en los barrios de Las Torres (57 pisos) y Jinámar (58) en el verano de 2015.

Desde entonces, no se ha construido ninguna otra vivienda pública, y eso pese a que la capital grancanaria tiene reserva de suelo suficiente como para construir unas 8.000 pisos en alguna de sus distintas modalidades de protección, según explicó el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste.

De esta cantidad, «ya está disponible para el Gobierno de Canarias una superficie para unas 2.000 viviendas», añadió el edil, quien localizó estos espacios en zonas como Tamaraceite Sur y Jinámar.

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha solicitado a los municipios canarios la cesión de nuevos espacios para poder construir nuevos pisos. En estos momentos, aparte de la oferta de la empresa Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), que tiene una bolsa de pisos protegidos de promoción privada a precio tasado, el Icavi solo puede utilizar alrededor de cerca de un centenar de viviendas en todas las islas, que le ofrecen La Caixa y el banco malo en virtud de sendos convenios con las dos entidades financieras.

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Consistorio capitalino detalló que, por el momento, no se va a ofrecer nuevos suelos al Gobierno de Canarias. «Les hemos contestado que no lo vamos a hacer hasta que nos digan cómo van a emplear esos suelos», expuso, «que hagan su plan canario de vivienda y nos digan cuántas van a construir en Las Palmas de Gran Canaria».

Argumentos.

La base de su argumentación es que el municipio no puede seguir ofreciendo nuevos solares porque podría acabar por frenar los planes de reposición que están en marcha.

Hay que tener en cuenta que proyectos como el de renovación urbana de Las Rehoyas prevé la posibilidad de que una parte significativa de los vecinos puedan salir del barrio a edificios que se construirían en zonas como el entorno del hospital Negrín (calle Doctor Chiscano), el propio Tamaraceite Sur, Escaleritas, Las Torres, Lomo Apolinario y la calle León y Castillo.

«Si la inversión (del Gobierno de Canarias) se va a Tenerife, no vamos a estar dilapidando el patrimonio municipal», prosiguió el edil, «que construya viviendas ya, que es quien tiene las competencias para ello».

Javier Doreste calcula que, en función de los costes y los ritmos de trabajo, en un mandato no se puede construir más de trescientas o cuatrocientas viviendas, de modo que el Ejecutivo autónomo ya dispone de suelo suficiente para empezar a trabajar sin tener que requerir nuevas bolsas de suelo.

«Entre que redactas el proyecto, buscas los recursos, lo licitas y lo adjudicas se van dos años de mandato si quieres hacer las cosas bien», prosiguió, «otra cosa es que quieran reproducir el modelo de Jinámar, de Las Rehoyas o Las Chumberas, pero eso no estaría bien».

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