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Francisco José Fajardo y Javier Darriba
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 3 de septiembre 2024, 02:00
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La investigación judicial del caso Valka -que trata de dilucidar si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta relacionada con el urbanismo y el área de Parques y Jardines- está investigado los modificados de algunas obras para saber si se benefició a 'empresas amigas' de la alta dirección de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa).
Lo que se quiere aclarar es si por parte de altos cargos de Geursa se presionó a los redactores de proyectos y a directores de obras para que firmaran modificados de los proyectos e incrementos de unidades de obras que no fueran reales para poder justificar un incremento de precio en la ejecución de obras encomendadas a 'empresas amigas'.
Según la investigación, se tiene que aclarar si desde Geursa se prometía a empresarios, de manera reservada, ingresos extra por encima del precio de adjudicación de las obras mediante la aprobación de modificados de los proyectos una vez que los trabajos ya estaban encomendados y en marcha. En estos casos, se fijaba como límite máximo el de la licitación inicial.
Hay que recordar, como adelantó CANARIAS7, que algunos de los proyectos que llamaron la atención de los investigadores fueron el de mejora de la accesibilidad del Confital y Las Canteras; el de conexión peatonal entre el barrio de La Galera y el intercambiador de Tamaraceite; el de repavimentación de calzadas en El Lasso; el de la mejora de los accesos rodado y peatonal en este barrio; y el de asfaltado de parte de la Calzada Lateral del Norte en el entorno de Divina Pastora. Y a ellos se suman otros proyectos como algunos tramos de la MetroGuagua, tal y como expuso la Fiscalía en la nota de prensa remitida el pasado 19 de agosto tras conocerse que se estaban practicando registros en las oficinas de Geursa, en la sede del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en domicilios de algunos de los investigados.
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En estos momentos, Valka mantiene bajo a investigación al excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; a la gerente de Geursa, Marina Más; al jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera; al jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez, aunque éste lo ha negado; al exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; y al empresario Felipe Guerra.
A estas personas se les imputa presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.
La investigación del caso Valka y las pesquisas internas que se han iniciado en el seno de la sociedad de gestión urbanística y en el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria coinciden con un nuevo despido en el seno de Geursa.
Según pudo saber este periódico, un técnico de la empresa mercantil municipal fue despedido el viernes pasado, estando de baja laboral. «Se enteró de que lo echaron porque al mirar su banco se percató de que le habían ingresado la liquidación», explicaron representantes de los trabajadores, «le mandaron un burofax, que no ha ido a buscar todavía». Este persona estuvo relacionado con el comité de empresa cuya constitución fue abortada.
En los últimos años se han producido seis despidos que el comité relaciona con este hecho.
La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) se personará en la causa abierta por la Justicia en relación con el caso Valka. El anuncio fue hecho a través de una nota de prensa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras celebrarse el consejo de administración que dio orden de iniciar la investigación interna para conocer los hechos que están siendo analizados por el Juzgado de Instrucción 2 y las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo y contra el Crimen Organizado.
Esta investigación interna de Geursa estará presidida por el abogado Luis Pérez. Este periódico informó este viernes de que este trabajador ha sido incluido en la lista de investigados por el caso Valka, si bien Pérez aseguró en la reunión de este lunes que no tiene constancia de este extremo. También anunció que si se confirma su investigación, se apartará del Órgano de Cumplimiento Normativo, como hizo otro de los investigados Carlos Cabrera. Ambos y una abogada externa forman el órgano de control, pero la salida de Cabrera no ha sido suplida, de forma que, por el momento, son dos personas las que están al frente de las pesquisas internas.
Respecto a la situación procesal de Pérez, la portavoz del PP, Jimena Delgado, exigió a la alcaldesa, Carolina Darias, que aclare este hecho. «Es una absoluta anomalía, y así lo entiende todo el mundo menos Carolina Darias, que el consejo de administración de Geursa lo haya convocado una de las imputadas por el juez, en concreto, su gerente. Por mucho que no haya asistido al mismo, es una irregularidad democrática que permiten tanto Darias como el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque. No vamos a cesar de pedirle que se le aparte hasta que concluya la investigación», dijo.
Asimismo Delgado-Taramona ha anunciado este lunes que pedirá la celebración de una Junta General de Geursa -compuesta por los 29 miembros del Pleno- para abordar la supuesta trama de corrupción urbanística que afecta a la sociedad 100% pública, lo que se une a la comparecencia de la actual concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, en la próxima comisión de pleno de septiembre, para que dé cuenta de las medidas que ha adoptado para investigar -en el ámbito administrativo- si en su concejalía pudieron darse en el pasado conductas irregulares por parte de anteriores responsables así como de la existencia o no de contratos en vigor con la patrimonial investigada por la justicia. También solicitarán comparecencia del concejal de Urbanismo en las próximas comisiones de pleno a celebrar en septiembre y de la alcaldesa en el pleno de septiembre, tal y como anunció Delgado-Taramona la pasada semana.
Por su parte, Roque señaló que «las declaraciones realizadas por la portavoz del PP son irresponsables, porque el consejo ha sido convocado por el presidente de Geursa y no por la gerente». Además, añadió, «son irrespetuosas puesto que no respeta el principio de presunción de inocencia que todos los españoles nos hemos dado en nuestro Estado de Derecho».
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