Finca 66.808, el lugar en que nació Valka

La operación Valka, que la pasada semana alteró los biorritmos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con registros policiales en sedes municipales y domicilios particulares, nació en un terreno de Tamaraceite, en el entorno de la calle Virgilio, en el año 2002. Aunque resulta complicado fijar su localización concreta, pues carece de referencia catastral, sí hay actas notariales que certifican su nombre oficial: finca 66.808.

Las transmisiones, segregaciones, negociaciones y permutas que han tenido como protagonista a la finca 66.808 desde el año 2002 no solo han servido para construir el área de Tamaraceite Sur, sino que fueron la base de una denuncia, presentada por la asociación Rehoyas Avanza, en el año 2023, que ha constituido la espoleta de Valka.

Se trata de una investigación judicial que trata de dilucidar si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha operado una supuesta trama organizada «dedicada a favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios», como informó la Fiscalía la pasada semana.

La finca 66.808 es la matriz de la instrucción de Valka. Aparece inscrita por vez primera a principios de 2003 en favor de la asociación Ojos Solidarios. Unos meses antes, su anterior propietario elevaba escritura de donación a favor de dicha organización.

Mientras la finca permanecía en estado de latencia, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria daba sus primeros pasos en la redacción del plan parcial de Tamaraceite Sur, que no fue aprobado hasta octubre del año 2005. Por entonces, el planeamiento se debatía en los tribunales, hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2010, y la finca 66.808 iba evolucionando también con sus propios ritmos: su superficie se recorta en 4.916 metros cuadrados porque había habido un error en su delimitación inicial.

Según la denuncia presentada por Rehoyas Avanza ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en 2006, la asociación Ojos Solidarios otorga una escritura de permuta a favor de dos empresas, Exariño y Consguerra, esta última, de Felipe Guerra, uno de los investigados en el caso Valka. A cambio del suelo, la organización no gubernamental se garantizaba una participación del 20% del volumen de edificabilidad residencial que resultara de los terrenos que el Ayuntamiento adjudicara a las empresas en pago del justiprecio expropiatorio para desarrollar el plan de Tamaraceite Sur. A ello se añadía el pago de 39.066 euros, que es la diferencia entre el valor del terreno (1,54 millones de euros) y el de la edificabilidad residencial adscrita a la finca (1,5 millones de euros).

En agosto de 2006 se conoce el proyecto de expropiaciones de Tamaraceite Sur y ahí aparece una finca, la 59, de 1.854 metros cuadrados, que procedía de la matriz 66.808.

Y un año más tarde, se segrega otra parte, de 3.376,81 metros cuadrados, que genera una nueva finca registral, la 96.560.

Los denunciantes hacen constar aquí una estipulación en el acuerdo de permuta de 2006: las partes se daban un plazo de diez años para satisfacer las condiciones del contrato y las dos mercantiles debían iniciar las obras de construcción en un plazo máixmo de un año a contar desde la adjudicación de los terrenos en pago del justiprecio expropitario. Hasta 2016, por tanto, la titularidad de la finca seguía siendo de la organización no gubernamental. Y si no se satisfacía el acuerdo, la entidad no lucrativa podría resolver el contrato y recuperar la propiedad, posesión y dominio de la finca.

Es a partir de 2008 cuando la asociación Rehoyas Avanza empieza a detectar actuaciones que podrían dar lugar, supuestamente, a un posible delito de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

La finca 96.560 forma parte de un proceso de permuta entre la empresa de Felipe Guerra y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A cambio del terreno, el Consistorio le entregaba el 82% de la superficie de otra finca, la 23.997 (85-A), de 1.234 metros cuadrados de superficie.

Luego, según la denuncia, Guerra entregó a la sociedad municipal de Gestión Urbanística (Geursa) su participación en la finca 85-A a cambio de 726,09 metros cuadrados de uso comercial en Tamaraceite Sur. Y entonces, el Ayuntamiento compra a Geursa la misma finca de la que se desprendió.

Los denunciantes sospechan que este intercambio de estampas trataba de ocultar que ya se conocía que la finca registral 66.808, de la que se segregó la 85-A, «no tenía superficie real como consecuencia de una doble inmatriculación».

Estas sospechas se fundamentan en un informe técnico municipal de diciembre de 2012 en el que se aseguraba que en la relación de propietarios afectados por las expropiaciones de Tamaraceite Sur no constaba la entidad no lucrativa Ojos Solidarios.

Esto provocó que, en 2013, las dos empresas demandaran a Ojos Solidarios tras acreditarse «la inexistencia de la registral con número 66.808 (...) la cual se describió de manera artificiosa en escritura por la totalidad de 45.045 metros cuadrados», según constaba en el escrito de demanda. En ella se reconocía también que concurría «una situación de doble inmatriculación sobre la registral» y que «los títulos de adquisición de los anteriores titulares de las respectivas fincas expropiadas son más antiguos que el de donación mediante el que adquirió la entidad demandada». En otras palabras, la finca que fue objeto de negociación entre los dos empresarios y Ojos Solidarios «no existía en la realidad».

Los demandantes solicitaban la resolución del contrato de permuta de 2006 y la devolución de los 39.066 euros pagados. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia 7, en septiembre de 2017, declaró la caducidad del procedimiento después de que el pleito no tuviera actividad procesal alguna.

Sin embargo, recoge la denuncia, se siguieron cerrando acuerdos entre la empresa de Felipe Guerra y Geursa en el entorno de Tamaraceite Sur. «Inexplicablemente (o quizás no), el Ayuntamiento continúa aceptando permutas de terrenos que, por su propia certificación, es consciente de que no existen».

Rehoyas Avanza hace referencia a la firma de un acuerdo, en diciembre de 2021, entre la gerente de Geursa, Marina Más (también investigada), y Felipe Guerra. En ese documento se hace referencia a la suscripción de tres acuerdos de permuta entre las dos partes: el primero que se cita es el de la parcela 59, tras un acuerdo de noviembre de 2012, semanas antes de la constatación de que la finca 66.808 de la que procede no existía, por el que Geursa le pagaba 154.276,21 euros por su expropiación. Sin embargo, en 2014 se acordó entregar a cambio de la finca 59 (que se sumó a otras siete para dar lugar al espacio que ocupa Leroy Merlin) una superficie de 342,77 metros cuadrados de uso comercial, en sustitución del pago acordado en 2012. «De esta manera, hicieron desaparecer los reparos expuestos por la técnico municipal, convirtiendo una cantidad, que no podía ser abonada, en metros cuadrados», argumentan los denunciantes, «ocultando así su procedencia y superando cualquier otro impedimento legal que se pudiera plantear».

El segundo acuerdo es el de la parcela 85-A, también segregada de la finca 66.806. Esta es la que el Ayuntamiento permutó para volver a comprar a Geursa en 2017. A cambio de ella, se entregaba a la empresa Patrimonial FGG (antes Consguerra), de Felipe Guerra, 726,09 metros cuadrados de edificabilidad comercial exclusiva.

Y, por último, la parcela 16, que se obtiene a cambio de 290,27 metros cuadrados de uso comercial en Tamaraceite Sur.

En total, lo que se debía al empresario era 2.570 metros cuadrados de uso comercial por las parcelas 85-A y 59, ambas procedentes de la finca 66.808, y las fincas 70 y 16. Así, aprovechando la modificación del Plan General de Ordenación en Tamaraceite Sur se crea una nueva parcela con uso comercial exclusivo, la PC-1, de 4.283 metros cuadrados (finca 8.061) en la que se reserva un aprovechamiento comercial exclusivo de 2.570 metros cuadrados. Esta parcela, que se entrega a Guerra Patrimonial FGG, es la que está ocupada ahora por Aldi.

La denuncia asegura que este cambio «recalifica unos terrenos cuyo destino era el de sistema general» para dotaciones y equipamientos de la población. «Esto es el motivo que sustenta el interés general de su obtención por expropiación», relata el texto al que ha tenido acceso CANARIAS7, «en cambio el señor (José) Setién Tamés (máximo responsable de Urbanismo entonces y también investigado), con el apoyo de Geursa, convierte parte del sistema general (uso público) en una parcela de uso comercial (uso privado) para cederla a Guerra Patrimonial FGG».

Un mes antes de este acuerdo, en noviembre de 2021, relata la denuncia, se firman dos actas notariales en relación a la finca 66.808, el mismo día y ante el mismo notario: en la primera, una persona del entorno familiar del empresario Guerra cedía su parte de la propiedad de la finca a Guerra Patrimonial FGG; y, en el segundo, Exariño asegura que no poseía ningún derecho sobre la 66.808 y que el registro a su nombre había sido un error.

«Es decir, los representantes de Exariño, por error, firmaron la escritura de permuta en 2006, la escritura de segregación de 2007 e interpusieron la demanda contra Ojos Solidarios en 2013», explica la denuncia de 2023, «y jamás fueron conscientes de lo que hacían. De que ellos no eran propietarios de la finca de 1.854,82 metros cuadros que, a su vez, provenía por segregación de la 66.808 de la que, a día de hoy, ellos siguen figurando como propietarios», pese a que no se levantó la estipulación de 2006 sobre la propiedad de la finca.

La investigación que inició la Guaria Civil, a instancias del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria y de los fiscales delegados de las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo, y contra la Criminalidad Organizada, requirió toda la información respecto a esta denuncia en los registros realizados en sede municipal. Y luego, a la vista de los datos recabados, se ordenó una nueva personación en Geursa bajo la decisión de ampliar el objeto de la investigación.

Ahí es donde también se decide investigar también los encargos de suministro de agua y los contratos menores en favor de Guerra Patrimonial FGG, así como los de la empresa Esvertical, que compartieron Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón. A todo ello se añadieron también contratos de la MetroGuagua, según anunció la Fiscalía.

Como consecuencia de ello se declaró como investigados a los citados José Manuel Setién, Marina Más, Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra, más Carlos Cabrera, también de Geursa. A ellos, la autoridad judicial les imputa, entre otros, varios delitos de «prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada».

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