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La Guardia Civil abandona la sede de Geursa tras los registros del lunes pasado. JUAN CARLOS ALONSO

Investigan si el exjefe de Urbanismo accedía a los datos de Geursa en remoto

La Guardia Civil indaga en la instalación de un segundo ordenador en la gerencia de la sociedad municipal de gestión urbanística

Francisco José Fajardo y Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 24 de agosto 2024, 02:00

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Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil a partir de la denuncia de la asociación de vecinos Las Rehoyas Avanza y que se concretaron en la operación Valka -que analiza si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se cometieron supuestos delitos relacionados con la corrupción pública y el urbanismo- llamaron la atención también sobre las posibles conexiones remotas del exjefe de Urbanismo a los archivos municipales.

Una de las cuatro líneas de investigación que la Guardia Civil incorporó a un atestado se centraba en la instalación de un segundo ordenador en el despacho de la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), Marina Más.

LA INVESTIGACIÓN

  • Tres son los grupos de la Guardia Civil que han desarrollado los registros: el Servicio de Protección de la Naturaleza, la Unidad Central Operativa Medioambiental y los Equipos de Investigación Tecnológica.

Los agentes analizaron si este ordenador se había habilitado para aceptar conexiones remotas, mediante una red virtual privada, del excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, de modo que desde el exterior de la oficina tuviera acceso a todas las carpetas de los servidores de datos municipales y al portal de Urbanismo.

José Manuel Setién y Marina Más son dos de los cinco investigados en el procedimiento que instruye el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera, y de los fiscales de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y de la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas. El resto de los investigados son Carlos Cabrera, coordinador de la oficina técnica de Geursa; el empresario Felipe Guerra; y el exjefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón.

La investigación, según anunció la Fiscalía en su nota de prensa, «se centra en la posible existencia de una trama organizada dedicada a favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en mano o bajo la esfera de influencia de los cargos excargos públicos pertenecientes a Geursa, así como la adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos y proyectos de implantación de grandes obras», y cita, de manera expresa, el proyecto de la MetroGuagua.

Tras recabar el material necesario para la investigación en los primeros registros, los datos indiciarios superaron la denuncia que había presentado Rehoyas Avanza (por una serie de permutas de fincas en Tamareceite Sur) y se concretaron cuatro líneas de investigación: una sobre la presunta adjudicación fraudulenta y permuta de parcelas en Tamaraceite Sur mediante convenios urbanísticos para, supuestamente, favorecer al empresario Felipe Guerra; presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de obras y encomiendas en Geursa; la instalación del ordenador que permitiría el hipotético acceso de Setién a los expedientes de la sociedad municipal de gestión urbanística; y la presunta adjudicación arbitraria de contratos al empresario Felipe Guerra por parte de la Unidad Técnica de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2018 y 2021.

Tres de las cuatro supuestas tramas tienen su epicentro en Geursa, donde se llegó a detectar la presunta implicación de seis empleados o exempleados públicos, si bien la investigación solo se centró finalmente en tres de ellos.

A los cinco investigados, la autoridad judicial les imputa presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada, según la nota de la Fiscalía.

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