Cinco investigados en el corazón del urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de la asociación Rehoyas Avanza, Juan Francisco Sarmiento, utilizó una imagen explicativa de la operación Valka. La definió como una piñata de la que la Guardia Civil ha empezado a tirar del hilo y se ha encontrado con algunas sorpresas que han requerido una ampliación de la investigación que se inició a raíz de una denuncia vecinal por actuaciones urbanísticas en Tamaraceite Sur.

El caso Valka aún está sometido, al menos en parte, al imperio del secreto de sumario. Pero la información ofrecida por la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha permitido conocer que las diligencias realizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que encabeza Rafael Passaro Cabrera, mantiene como investigados a cinco personas (tres empleados públicos, otro ya jubilado y un empresario).

A ellos, los que se les imputa, entre otros, son varios delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.

Lo que está bajo investigación es el funcionamiento del corazón mismo del urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria. Cuatro de los cinco investigados tienen o han tenido vinculación estrecha con la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa). Y tres de las cuatro líneas de investigación abiertas por la Guardia Civil tras las primeras tomas de datos presentaban el denominador común de latir en Geursa.

Estos son los investigados hasta el momento en el marco de la operación Valka:

El investigado con más peso en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es José Manuel Setién. Fue el máximo responsable del urbanismo de las últimas décadas. Trasunto de Secundino Zuazo, el arquitecto vasco que redactó el planeamiento de la ciudad en la segunda mitad de los 40, Setién ha diseñado el futuro de la ciudad con diferentes alcaldes. El único que lo apartó de Urbanismo fue Jerónimo Saavedra, periodo en el que estuvo adscrito al área de Vivienda.

Los planes de reposición o el parque de La Ballena llevan su firma, en una filosofía urbanística que ha estado marcada por una fuerte conflictividad judicial como el caso Canódromo o la más reciente guerra de las gasolineras. Su figura no pasa desapercibida. Hasta su reciente nombramiento como hijo predilecto de la ciudad, en el actual mandato de Carolina Darias, fue polémico,como muestra el rechazo que generó en algunos colectivos vecinales de Las Palmas de Gran Canaria su nombramiento.

A su lado, en Geursa, las extrasístoles del ritmo cardiaco del urbanismo municipal están marcadas por la labor de otros dos investigados: la actual gerente, Marina Más; y el coordinador de la oficina técnica, Carlos Cabrera.

Esta última etapa de Geursa no ha estado exenta de polémica, sobre todo en el ámbito laboral. El comité de empresa del Ayuntamiento denunció a principios de este año una «caza de brujas» contra empleados de Geursa que se inició en 2020, con la gerencia de Más, y que acabó con denuncias por acoso laboral y despidos por «disconformidad con determinadas formas de proceder de la gerencia».

Precisamente, las declaraciones de siete empleados de Geursa, junto con la denuncia de Rehoyas Avanza, resultaron claves para detectar «indicios racionales de criminalidad» en la investigación realizada por la Guardia Civil.

Así, la denuncia inicial por la supuesta ejecución de convenios urbanísticos para supuestamente favorecer al empresario Felipe Guerra en Tamaraceite Sur se amplió luego a otras posibles irregularidades en varias obras, como la mejora de accesibilidad en El Confital y Las Canteras, o el proyecto de la MetroGuagua, que depende de Cabrera.

Por eso, la Guardia Civil repasó la labor de seis trabajadores públicos de Geursa. A pesar de eso, al final solo están como investigados Setién, Más y Cabrera. En todo caso, no se descarta futuras imputaciones.

Las relaciones de Geursa con Guerra han sido puestas bajo lupa. De hecho, por el momento, el propietario de algunas charcas de San Lorenzo -que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende comprar para crear un parque agroambiental- es el único empresario investigado en el marco de la operación Valka, que curiosamente significa guerra -como el apellido del empresario- en checo.

Las vinculaciones societarias de Felipe Guerra con el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, también han sido observadas por la investigación. Padrón, que ha sido el impulsor del avance verde vivido en la ciudad en los últimos años, ha recibido la medalla al mérito de la Policía Local y ha sido delegado en Canarias de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

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