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En el segundo día consecutivo de registro de la Guardia Civil en las oficinas municipales de Las Palmas de Gran Canaria, los efectivos de la Guardia Civil han seguido recabando información para dilucidar si en el Ayuntamiento operó una trama de corrupción que favoreció los intereses particulares de un empresario, Felipe Guerra, en contra del bien público, así como para ver si se han adjudicado contratos de manera fraudulenta. Este martes, los miembros de la benemérita volvieron a personarse en el servicio de informática del Ayuntamiento para completar la toma de datos de los servidores de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), cuya actividad centra buena parte de las pesquisas.
La labor de toma de datos es ingente porque la investigación que lidera el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera, y las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo y contra la Criminalidad Organizada está centrada en repasar la supuesta comisión de presuntos actos fraudulentos entre los años 2002 y 2021.
Valka La operación de investigación que puso en marcha la Guardia Civil en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido bautizada con el nombre de Valka, una palabra checa que significa guerra, que coincide con el apellido del empresario investigado.
Fue la denuncia presentada en el año 2023 por la asociación Rehoyas Avanza por un supuesto delito de prevaricación urbanística y de malversación de caudales públicos la que inició la investigación.
Una serie de permutas de fincas en el marco del proceso urbanizatorio de Tamaraceite Sur fueron el objeto de la primera denuncia, que ponía el foco en la supuesta pérdida de patrimonio de suelo público en favor de aprovechamientos urbanísticos para la empresa de Felipe Guerra, el empresario que está siendo investigado por la Justicia.
Estas actuaciones urbanísticas llevaron al magistrado Passaro a investigar el papel que jugaron el anterior coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién; la actual gerente de Geursa, Marina Más; y al responsable de la oficina técnica de Geursa, Carlos Cabrera.
Sin embargo, lo que se inició como una inspección de acuerdos y operaciones urbanísticas en Tamaraceite Sur permitió descubrir otras posibles irregularidades que superaban el objeto de la denuncia de la asociación Rehoyas Avanza.
Esto hizo que se aplicara la lupa de la justicia a otros contratos impulsados por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística.
Ahí, según las fuentes consultadas por este periódico, es donde llama la atención una serie de contratos realizados en el área de Parques y Jardines con el empresario Felipe Guerra. Y, por eso, se decide también investigar al anterior jefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón.
Pero también se incluyen otros proyectos urbanísticos. En la nota emitida por la Fiscalía este lunes se hacía mención a contratos en el proyecto de la MetroGuagua. Así queda patente cuando se informaba de que se investigaba también «la adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras (MetroGuagua)».
A los cinco investigados en las actuales diligencias, la autoridad judicial les imputa, entre otros, «varios delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada», según la nota informativa distribuida por la Fiscalía el pasado lunes.
Sin embargo, la información que ha sido recabada por los agentes de las distintas unidades de la Guardia Civil por orden de la Fiscalía de Las Palmas es tan copiosa que la investigación no se da por cerrada todavía y no se descartan nuevas imputaciones ni futuras detenciones.
El sindicato USPB valora personarse como acusación particular en el procedimiento y exige que se realice una investigación para depurar responsabilidades si se evidencia que se cometieron delitos de corrupción.
El Ayuntamiento mostró este martes, a través de una nota de prensa, su total predisposición y máxima colaboración con la Justicia. Dichas diligencias forman parte de un sumario declarado secreto, por tanto, máximo respeto a las actuaciones realizadas y a la presunción de inocencia, indicaba el comunicado. Por su parte, la portavoz del Partido Popular (PP) , Jimena Delgado, exigió, también en un comunicado, que la alcaldesa, Carolina Darias, diera explicaciones. En apenas dos meses la Policía Judicial y la Guardia Civil han entrado a dependencias municipales en el marco de dos investigaciones distintas. En el primer caso, por la existencia de una supuesta red de empresas que se estaría beneficiando de adjudicaciones por parte de la Sociedad de Promoción y, en el segundo caso, en el marco de la operación 'Valka', que investiga una supuesta trama por la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción pública y el urbanismo, vinculados además al proyecto de la MetroGuagua. Por su parte, el portavoz de CC, David Suárez, emitió un comunicado en el que señala como «incomprensible que no hayamos recibido información directa por parte de la alcaldesa, quien debería dar la cara para aportar tranquilidad y ofrecer algunas certezas sobre el alcance de esta situación». El edil nacionalista considera «fundamental que los vecinos escuchen a su alcaldesa pronunciándose sobre este asunto. Aunque la investigación sea secreta, eso no impide que se pueda hablar de ella».
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